Nueve años de cárcel podría pagar el empresario Carlos Mattos Barrero de ser hallado culpable
El empresario oriundo de Codazzi, Cesar, Carlos Mattos Barrero podría afrontar una pena de nueve años de cárcel si las autoridades colombianas demuestran que cometió los delitos de cohecho y acceso abusivo al sistema informático, para favorecerse en un proceso judicial en contra de la matriz de Hyundai.
Los hechos se remontan, según publicación de El Tiempo, al 29 de febrero de 2016 cuando se habría iniciado las maniobras ilegales que tienen hoy con orden de captura al empresario y respondiendo ante la justicia a otras siete personas más.
De acuerdo con la Fiscalía, funcionarios del área de sistemas de la Rama Judicial en Bogotá, manipularon el sistema de reparto para que la demanda que llevaba en sus manos el estudiante de derecho Edwin Fabián Macías, uno de los capturados, fuera asignada al Juzgado Sexto Civil de Bogotá.
Un mes después, ese despacho judicial –cuyo oficial mayor, Orlando Ramírez Fuentes, está preso por el caso– ordenó medidas cautelares que favorecían a la empresa Hyundai Colombia, liderada por Mattos Barrero, en un millonario litigio con la firma ecuatoriana que le quitó, después de 23 años, la representación de la reconocida marca coreana en Colombia.
Y el juez sexto, Reinaldo Huertas, es investigado por la Fiscalía, aunque aún no se han tomado decisiones judiciales en su caso. En su momento, Huertas debió explicar de dónde obtuvo el dinero para comprar un auto, en efectivo, días después de tomar las medidas cautelares a favor de Hyundai.
La Fiscalía asegura que esas maniobras se acordaron tres meses antes y buscaban utilizar “la administración judicial para favorecer los intereses económicos de la compañía del señor Carlos Mattos”.
Fuentes de la Fiscalía sostienen que el empresario se presentó este sábado a una notaría en España, pero hasta el momento no se le ha emitido circular roja de Interpol, es decir que solo tiene orden de captura en Colombia y no a nivel internacional.
Según el medio El Español, del cual Mattos es accionista, lo que el empresario ha manifestado es “dejar constancia” de estar a disposición de la justicia.
El escándalo de la empresa Hyundai Colombia se destapó en septiembre del 2016, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez, cuya firma de abogados trabajó en el pasado con Mattos, aseguró que la entidad llegaría hasta las últimas consecuencias.
La Fiscalía logró que un agente encubierto se infiltrara en una red de corrupción judicial que supuestamente fue la que ‘le vendió’ sus servicios a Mattos. Esa organización ofrecía alterar una de las garantías de transparencia del sistema judicial: el reparto aleatorio de procesos, que en teoría evita que un caso específico termine en manos de un juez determinado. El ente acusador ha documentado otros casos que darán pie a nuevas capturas.
Mattos Barrero se habría valido, dice el expediente, de esa organización para intentar mantener a salvo el control sobre la comercialización de carros Hyundai en Colombia, negocio que solo en 2011 registró ventas por más de 850.000 millones de pesos.
Los investigadores señalaron que el enlace para lograr ese fin fue el abogado y académico Luis David Durán Acuña, que fue el encargado de acordar el pago del dinero y quien tenía el contacto directo con Mattos Barrero.
Este, dice la Fiscalía, “era la persona beneficiada con estos hechos, beneficiada incluso en sumas millonarias”. El ente acusador señala que tiene documentado que en varios escenarios Durán Acuña fue presentado como “el hombre de confianza de Mattos” y que fue “el articulador de estos hechos”.
El abogado aceptó los cargos imputados por la Fiscalía ante la evidencia en su contra. Él aparece en documentos del 2014 como tercer miembro suplente de la empresa Hyundai Colombia Automotriz S. A., firma de Mattos. Y, según fuentes oficiales, salió del país desde el 8 de abril y no hay registro de su regreso.
La Fiscalía tiene documentado un pago de 120 millones de pesos que habrían sido entregados a Edwin Fabián Macías por Durán Acuña. Esa plata fue repartida con Andrey Patiño Rodríguez, Wílmer Casas Mendoza, Ramón Orlando Ramírez Fuentes y Carlos Arturo Gómez, todos empleados y exempleados de la Rama Judicial.
Tres de ellos eran ingenieros y otro, el funcionario que prestó la clave para acceder al sistema. A todos les imputaron cargos de acceso abusivo a un sistema informático, daño informático agravado, utilización ilícita de equipos transmisores y cohecho propio.
En el llamado caso Hyundai también aparece mencionado Edwin Enrique Angulo, capturado el mes pasado y quien hacía parte del grupo de soporte tecnológico de la Seccional de la Administración Judicial. A ese funcionario, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. En medio de la investigación, el agente encubierto del caso descubrió que Angulo venía exigiendo dinero a un particular para entregarle información privilegiada sobre los contratos de ingeniería en la Rama.
Paradójicamente, el pleito por la marca Hyundai en Colombia terminó arreglado a las buenas entre las partes a finales del 2016. Mattos logró que le reconocieran una millonaria suma por ceder el negocio y retirar sus demandas. El Tiempo.