Piden al gobierno colombiano suspender alianza público privada para el rescate del galeón San José

Representantes de diversas instituciones educativas suscribieron un comunicado en el que le piden al Gobierno nacional suspender de inmediato la alianza público privada (APP) para el rescate del Galeón San José, considerado un bien patrimonial de interés científico, histórico, cultural y arqueológico para la nación y la humanidad. Afirman que el hecho como la “legimitación de la guaquería” en Colombia.

“El galeón San José constituye parte del patrimonio cultural sumergido de la nación, y por consiguiente tiene un carácter inembargable e imprescriptible”, destacó el profesor José Vicente Rodríguez, del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) y uno de los firmantes del documento.

Según el docente, el rescate del galeón debía tener un carácter eminentemente científico, a cargo de profesionales en el campo de la arqueología, la historia y la restauración, y además de todas aquellas disciplinas que contribuyan al estudio de la embarcación junto con los objetos que se encuentran a bordo.

Al igual que los demás firmantes, considera que el Gobierno debe hacer mayor precisión sobre el “ambiente de misterio que ha rodeado este proceso”, comenzando por la Ley de Patrimonio Sumergido, junto con la intención de celebrar la APP para llevar a cabo el rescate.

“No creo que exista un arqueólogo serio en el país que comparta esa Ley de Patrimonio Sumergido, porque permite la comercialización y que las labores de rescate queden a cargo de una compañía especializada en cacería de tesoros”, afirmó el docente. En su opinión, el hecho de permitir que se pague esta labor hasta con la mitad de todo aquello que no sea considerado como piezas únicas es una medida de alcances insospechados.

Según el profesor Rodríguez, piezas elaboradas por comunidades indígenas a partir de moldes, y que en la actualidad podrían encontrarse en lagos y lagunas, terminarían comercializándose poniendo en grave riesgo el patrimonio cultural y arqueológico de la nación.

Aunque no se trata de imponer una postura por parte de la academia, el profesor Antonio José Rengifo, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N., llamó la atención sobre la necesidad de llevar a cabo una discusión más incluyente entre representantes del Gobierno y las instituciones académicas en procura de una solución que garantice la preservación del patrimonio.

El profesor Rengifo formuló un enfático llamado a que se divulgue cuál es el proyecto de investigación que existe sobre el galeón San José, junto con el plan de manejo arqueológico que debería aplicarse, además de las metodologías y la asesoría con que cuenta el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) frente al patrimonio sumergido.

Por su parte, la profesora Consuelo de Vengoechea, directora del Departamento de Antropología de la U.N., manifestó que la comunidad académica había permanecido marginada del proceso, no obstante las posturas que sobre el particular han expresado representantes de las universidades Nacional, de los Andes, de Antioquia y del Norte.

“La APP que pretende llevar a cabo el Gobierno abre la posibilidad de comercializar objetos que se encuentran en el yacimiento arqueológico submarino, que desde el punto de vista académico forman parte del patrimonio cultural de la nación y de la humanidad”, explica la docente.

A juicio de los expertos, objetos como lingotes, esmeraldas talladas, piezas de porcelana y cañones, entre otros, forman parte de la historia de las sociedades de la época colonial y constituyen valiosas fuentes de información sobre esa época en particular. Por tal motivo, venderlos o comercializarlos constituye un atentado contra el patrimonio.

Para Juan Guillermo Martín, profesor asociado de la Universidad del Norte, resulta evidente que el Gobierno nacional ha decido marginar a la comunidad científica de un proyecto de investigación de semejante envergadura, de tal manera que a la fecha resulta imposible evaluar sus implicaciones.

“El Gobierno debió convocar a universidades, instituciones científicas y académicas nacionales e internacionales para diseñar un plan de investigación acorde con la importancia y magnitud del naufragio”, sostuvo el docente, para quien la única solución viable es suspender el proceso de adjudicación de la APP. (Información Agencia de Noticias U.N.).