MinHacienda hace precisiones sobre el alcance de la Emergencia Económica y Social
–Frente al gran debate nacional tras la declaratoria de la Emergencia Económica y Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hizo precisiones sobre los alcances y las nuevas medidas impositivas que serán decretadas al amparo de esa medida extraordinaria que oficializó el gobierno del presidente Gustavo Petro a través del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.
El ministro Germán Ávila Plazas aseguró que, si bien 2025 “ha sido un buen año en materia económica para el país, la declaratoria de la emergencia pretende asegurar el cumplimiento de las metas sociales y proteger las finanzas públicas y la infraestructura del Estado».
En los considerandos de la norma se advierte de la desfinanciación del Presupuesto General de la Nación ara 2026, pues quedó aforado en $546,9 billones, con ingresos corrientes por $501 billones, ingresos de establecimientos públicos por $29,6 billones y $16,3 billones por Ley de Financiamiento, que fue archivada.
Entre las medidas que serán dictadas en los próximos días, el ministro Ávila Plazas desmintió que entre las medidas que se van a adoptar esté el 5×1.000. “Ese tema no lo ha considerado el Gobierno», dijo.
También explicó que otras medidas que se darán a conocer en los próximos días “no son para todos los colombianos, sino solo para algunos sectores económicos definidos, es decir, los de mayores ingresos».
El Gobierno aumentará la escala del impuesto al patrimonio en 0,5%, la cual quedaría así:
– 1% para patrimonios entre $3.600 millones y $6.000 millones.
– 2% para patrimonios entre $6.000 millones y $12 mil millones.
– 3% para patrimonios entre $12 mil millones y $100 mil millones.
– 5% para patrimonios superiores a $100 mil millones.
El sector financiero tendrá una sobretasa de 10 puntos adicionales a los 5 puntos de hoy rigen, es decir, quedaría con un impuesto de 15% sobre la renta. Con este gravamen el Gobierno aspira a recaudar $3,5 billones.
Gastos adicionales
El Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 también establece gastos adicionales no financiados, así:
– Contrarrestar las acciones armadas de grupos al margen de la ley demandan un gasto de $1 billón para reforzar a la UNP (Unidad Nacional de Protección) y dotar a la Fuerza Pública de capacidades tecnológicas.
“El Ministerio de Defensa estima en $2,7 billones los recursos necesarios para dotar de infraestructura y tecnología adecuada a la Fuerza Pública», dice la norma.
– Por orden de la Corte Constitucional, el Estado debe equiparar el plan de beneficios de los sistemas subsidiado y contributivo de salud, que implican para la vigencia de 2026 recursos por $3,3 billones.
– Para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se proyectan $0,5 billones para atender la actual ola invernal y los estragos que dejó el terremoto en Paratebueno (Cundinamarca).
– Para el cumplimiento de sentencias judiciales para restablecer derechos de personas afectadas por la violencia (población civil y militares), por desastres naturales, salud, protección de minorías étnicas, entre otros. Se prevé un gasto de $9,9 billones.
– Se prevé $1,5 billones en la vigencia de 2026 para rubros de créditos judicialmente reconocidos.
– En la vigencia de 2025 quedaron pendientes por pagar $5,1 billones por concepto de subsidios: $4,18 billones para subsidios de energía, y $935 mil millones para subsidios de gas.
– En indemnizaciones a familias víctimas de desplazamiento forzado o se proyectan $1,6 billones.
La declaratoria de emergencia agrega: “las medidas que serán adoptadas para conjurar la crisis económica, relacionadas con la obtención de ingresos, serán desarrolladas, entre otras, en impuestos directos e indirectos para las personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como tributos que buscan corregir externalidades negativas en asuntos ambientales y de salud pública». Con RSF