Indígenas arhuacos piden garantías de seguridad y protección
La preocupación por la seguridad de sus autoridades y la defensa de su autonomía llevó a integrantes del pueblo arhuaco a movilizarse hasta la plazoleta de la Gobernación del Cesar, donde expresaron su rechazo al atentado armado contra su cabildo gobernador, Zarwawiko Torres Torres.
El hecho se registró el 28 de octubre de 2026, cuando el dirigente indígena transitaba por la vía El Palmar, en el corregimiento de Azúcar Buena, zona rural de Valledupar. De acuerdo con el pronunciamiento de la comunidad, hombres desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se transportaba, pese a que iba acompañado de su esquema de seguridad.
Para las autoridades tradicionales, lo ocurrido representa una amenaza que trasciende la integridad física de su dirigente, pues consideran que también pone en riesgo la autonomía y la continuidad cultural del pueblo arhuaco.
En el comunicado, los indígenas manifestaron su temor ante lo que consideran posibles intentos de intimidación contra sus representantes y de debilitamiento de sus estructuras de gobierno, en medio de una situación que, aseguran, se ha prolongado durante varios años.
La comunidad recordó que en 1990 tres de sus líderes fueron víctimas de secuestro, tortura y asesinato. Uno de ellos era el padre del actual cabildo gobernador. Por esta razón, señalaron que el nuevo episodio de violencia representa una revictimización familiar y colectiva, además de reabrir heridas que permanecen en la memoria de este pueblo de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Más allá del atentado, uno de los reclamos expuestos durante la movilización está relacionado con la falta de reconocimiento de su autoridad legítima. Según explicaron, llevan seis años enfrentando incertidumbre jurídica e institucional por el aplazamiento de una decisión que, aseguran, fue adoptada por sus autoridades espirituales conforme a la Ley de Origen.
En ese sentido, hicieron un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que intervenga y dé trámite a este reconocimiento, al considerar que la demora ha profundizado las dificultades que enfrenta su gobierno propio.
Asimismo, expresaron preocupación por los señalamientos y el presunto perfilamiento político contra Zarwawiko Torres Torres, especialmente después de que las autoridades indígenas manifestaran su respaldo a la candidatura del actual mandatario nacional.
Dentro de las peticiones formuladas, solicitaron a la Defensoría del Pueblo realizar una evaluación urgente de las condiciones de seguridad de sus autoridades y de la comunidad en general, además de gestionar la actualización de alertas tempranas y medidas especiales de protección.
A la Fiscalía le reclamaron resultados en las investigaciones relacionadas con el atentado y con los presuntos episodios de persecución y hostigamiento denunciados durante los últimos seis años.
También dirigieron solicitudes a la Unidad Nacional de Protección para que se mantenga y restablezca integralmente el esquema de seguridad del cabildo gobernador, rechazando cualquier reducción o suspensión de las medidas asignadas.
Por su parte, pidieron a la Gobernación del Cesar y a la Alcaldía de Valledupar implementar acciones preventivas que permitan proteger a sus autoridades y comunidades. A la Procuraduría le solicitaron vigilar las actuaciones de las entidades responsables.