La paz en el nuevo gobierno de la Espriella, desde la óptica internacional
¿Se aleja Colombia de la paz con Abelardo de la Espriella?. Este es el interrogante que se formula a nivel internacional tras los anuncios del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que evidencian un giro en la política de paz del país sudamericano. El ultraderechista ya adelantó que prescindirá del comisionado para la Paz y eliminará cargos y organismos cuyas funciones serían asumidas por diversos ministerios.
Argumenta que busca reducir el presupuesto y destinar recursos a otras necesidades de la población. El nuevo enfoque se centraría en la seguridad y judicialización. En palabras del futuro mandatario: «No habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno».
En este contexto, peligra la continuidad de la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) y la financiación de sus sentencias. «Claramente, es un discurso que busca el desprestigio de una de las instituciones más importantes de la justicia transicional en Colombia”, dice a DW Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ.
«Más que de la paz, el nuevo Gobierno trata de desmarcarse de la política de «Paz Total” del presidente Gustavo Petro. Lo que no queda claro es si va a tener alguna estrategia de paz. Pareciera que no, entendida en el sentido tradicional de Colombia, como procesos de negociación con alto contenido político con grupos armados”, señala a DW Luis Fernando Trejos, profesor del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte de Colombia.
A diez años de los acuerdos de paz con las FARC-EP, y en medio de cuestionamientos al proceso y sus resultados, funcionarios del nuevo Gobierno no continuarían con los intentos de negociar con el ELN, disidencias de las FARC y grupos criminales, como había impulsado Petro.
En lugar de ello, podría abrirse un ciclo de negociaciones basadas en «sometimientos a la justicia, en los cuales el énfasis va a ser más jurídico que político”, indica Trejos. Esto, en medio de la actual «fase desideologizada de la violencia, en que los grupos ya no luchan por la toma del poder nacional, sino por el control de territorios y la gestión de economías ilegales», agrega el investigador.
En opinión de Peters, «la política de paz ha sido y sigue siendo un tema polémico e incluso polarizante. Si bien ha tenido bastantes retos y problemas, y no ha logrado sus objetivos, una perspectiva con el énfasis en la seguridad se puede traducir en militarización».
Entre los riesgos hipotéticos, plantea Trejos, es que «si Abelardo se va duro en contra del acuerdo de paz, uno de los escenarios no deseados es que algunos de los firmantes retomen las armas, si sienten que no hay garantías y que hay una persecución política y jurídica por parte del nuevo Gobierno».
Por ahora, coinciden los expertos consultados, los análisis corren en el campo de las especulaciones, en base a las declaraciones. Los hechos se verán a partir del 7 de agosto, cuando asuma De la Espriella y ponga a prueba su capacidad de acción.
Personas permanecen en el lugar de una explosión, tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibío (departamento del Cauca, Colombia), el 25 de abril de 2026.Personas permanecen en el lugar de una explosión, tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibío (departamento del Cauca, Colombia), el 25 de abril de 2026.
«El nuevo Gobierno se va a encontrar un sector de seguridad y defensa desfinanciado, y con unas capacidades operativas de aviación y de inteligencia bastante limitadas. Le va a ser muy difícil salir a pelear y hacerle la guerra a cada grupo armado», advierte Trejos. En ese escenario, deberá priorizar los grupos y los territorios en los que va a combatir, y es posible que algunas mesas de la «Paz Total» permanezcan.
Se trata de actores fuertes y parece poco factible que la acción militar logre la sumisión de los todos los grupos armado al margen de la ley. «Esto no se va a conseguir sin beneficios y seguramente significará dialogar», observa Peters.
El profesor de Relaciones Internacionales y Estudios de Paz en la Universidad Justus Liebig de Gießen, Alemania, señala que la organización más fuerte y consolidada, con más personas en armas y mayor control territorial, es el Ejército Gaitanista de Colombia, mejor conocido como Clan del Golfo. «Ahí es muy difícil tener una victoria militar e incluso eso significa también mucho riesgo para los soldados, lo que podría ser rápidamente impopular».
La captura de cabecillas no necesariamente termina con el problema y puede generar mayor fragmentación y violencia. Incluso si se logra desarticular grupos a través de la fuerza, «queda la pregunta de qué viene después para las regiones donde tienen el control. Si no hay políticas que busquen alternativas, muy probablemente dentro de poco habrá otro grupo que controlará el territorio. El enfoque en la militarización es muy simplista para un tema complejo. Más que la fuerza, se requieren también respuestas económicas, sociales y culturales», plantea el politólogo.
«Como parte de su postura política es la fuerza, la mano dura, el orden y la seguridad, De la Espriella va a hacer esa apuesta. La palabra paz sale de la ecuación, porque está muy amarrada al Gobierno de Petro y porque simbólicamente implica un igualamiento entre el ilegal y el legal por medio de la negociación, mientras que la sujeción implica una rendición ante la justicia”, apunta Trejos.
El futuro ministro de justicia, Iván Cancino, ha anunciado que cuenta con un borrador de proyecto de ley para el sometimiento de grupos armados a la justicia. Para Trejos, «no es tan descabellado que se siga avanzando en estos procesos. Algunos de los grupos que se sentaron con el Gobierno de Petro ya habían accedido a someterse a la justicia, pero el problema es que no tenía marco jurídico o ley de sometimiento o sujeción a la justicia”.
El futuro mandatario «trataría de mostrar que el Gobierno no se arrodilla, sino que somete. Esto también implica una negociación, aunque con un énfasis más jurídico», apunta el académico colombiano. Los grupos armados actuales no están interesados en convertirse en partidos políticos ni en cupos en el Congreso. «Les interesa que no los extraditen, pagar cárcel recibiendo rebajas de pena y conservar algo del capital que construyeron durante la vida criminal”, agrega. De esta forma, se podrían mantener algunas mesas de diálogo con nuevas reglas del juego.
Los anuncios del mandatario electo se enmarcan en la agenda de mano firme en seguridad que comparte la ola de Gobiernos ultraderechistas latinoamericanos, y que ha despertado acusaciones de autoritarismo. Trejos considera que Colombia «ha tenido presidentes con posturas similares, lo novedoso es la forma, que se inscribe dentro de una tendencia populista de derecha latinoamericana, o americana, porque el empujón a todo esto es Trump. Estos nuevos mandatarios destacan por el carisma, la conexión con la ciudadanía y sus necesidades, y agendas conservadoras, anti derechos, religiosas y que ponen el tema valórico en el centro».
Tras la elección, De la Espriella moderó su discurso y afirmó que gobernará para todos los colombianos. Ante eventuales salidas autoritarias, los expertos coinciden en que la fortaleza de las instituciones colombianas y la división de poderes aseguran un contrapeso. Una vez en el poder, se verá en la práctica cómo y cuánto puede concretar de sus anuncios en torno a la paz.
Ante estos planes, Peters reflexiona: «Sabemos que la política más sensata, no solamente desde el punto de vista de derechos humanos sino también desde lo económico, es una que logre llegar a procesos de paz a través del diálogo. La militarización no solamente es costosa. Incluso si se logra una victoria, esta puede ser muy corta. A mediano y largo plazo, no solo preocupa en términos de la paz y los derechos humanos, sino también del bolsillo de los colombianos». (Información Victoria Dannemann, DW).