En firme pena máxima para implicados en ataque a la Registraduría de Gamarra
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dejó en firme la condena a 60 años de prisión en contra de Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado, por su participación en los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2023 en la sede de la Registraduría en el municipio de Gamarra, y reafirmó su responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas; e incendio.
La información fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, asegurando, a través de un comunicado, que el actuar violento de un grupo de ciudadanos que ingresó en medio de golpes a la sede, incendió la edificación, ocasionó la muerte a la funcionaria de la entidad, Duperly Arévalo Carrascal, y dejó seis personas heridas, recibió la máxima pena que contempla la ley penal colombiana.
Las pruebas aportadas por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial dan cuenta de que, en medio de una manifestación por una decisión electoral que afectaba los intereses políticos de un candidato específico, varias personas entraron abruptamente a la Registraduría de Gamarra, donde se encontraban varios funcionarios trabajando, y le prendieron fuego.
El ente acusador, recordó que Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, ocultaron y trasladaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y otros dos hombres recibieron el combustible, que fue rociado y usado para incendiar el inmueble. Esta acción ocasionó la muerte a una servidora y generó quemaduras de gravedad a otras seis personas.
Adicionalmente, Julio Rojas Marín, excandidato al Concejo de Gamarra, fue condenado a 32 meses de prisión tras aceptar su participación en los hechos. El exaspirante político reconoció haber incitado a la turba durante la protesta y aprovechó la confusión para agredir a la entonces registradora municipal, además de destruir documentación y equipos pertenecientes a la autoridad electoral. Por ello, fue hallado culpable del delito de violencia contra servidor público.
En mayo del año en curso, una juez penal especializada de Valledupar, condenó a estas tres personas. Ahora, la sentencia es confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cesar.