Minería y agricultura comparten territorio en municipios vinculados a zona de influencia de Drummond
La explotación de carbón, el transporte ferroviario y la producción agrícola hacen parte de una misma realidad territorial en los departamentos del Cesar y el Magdalena. En los municipios vinculados a la zona de influencia de la multinacional Drummond Ltd., estas actividades económicas coexisten en un entorno donde la generación de ingresos, el aprovechamiento del suelo, la protección ambiental y las oportunidades para las comunidades plantean desafíos para el desarrollo en la región
El más reciente análisis del Monitor de Desarrollo Territorial, titulado ‘Carbón y Cosecha Comparten la Vía’, ofrece cifras que permiten dimensionar esta convivencia productiva; los 13 municipios analizados, cinco de la zona minera del Cesar y ocho ubicados en el corredor férreo que conecta las minas con Puerto Drummond, reúnen 155.100 hectáreas sembradas.
El área agrícola de los cinco municipios mineros del Cesar creció un 28,5 % desde 2013, frente al 12,8 % registrado en el resto del país durante el mismo periodo.
Estos resultados trascienden la extracción de carbón: cómo aprovechar las actividades económicas presentes en estos territorios para impulsar una economía regional diversificada, fortalecer las capacidades productivas y generar oportunidades para sus habitantes.
EL CAMPO CRECE EN MUNICIPIOS DE TRADICIÓN MINERA
Los cinco municipios de la zona minera del Cesar (Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico y El Paso), suman cerca de 51.000 hectáreas sembradas y concentran el 23,2 % del área agrícola departamental, según el Monitor de Desarrollo Territorial.
Esto quiere decir que la actividad agropecuaria mantiene una presencia significativa incluso en territorios ampliamente relacionados con la explotación de carbón.
Agustín Codazzi registra un área sembrada equivalente a 4,8 veces la mediana de sus municipios comparables; Becerril alcanza 2,1 veces; Chiriguaná, 1,2 veces, y La Jagua de Ibirico, 1,1 veces. El Paso presenta una relación de 0,4 veces.
Estas comparaciones, realizadas con municipios de características similares y del mismo departamento, permiten observar las diferencias en el desarrollo agrícola de la zona minera y reconocer las particularidades productivas de cada territorio.
Aunque no determina por sí solo las causas de esa expansión, si mide directamente sus efectos sobre los ingresos de las familias rurales, sí evidencia que la superficie cultivada ha aumentado en los municipios estudiados.
CORREDOR FÉRREO TAMBIÉN ES UNA REGIÓN AGRÍCOLA
La relación entre minería y agricultura no se limita a los municipios donde se encuentran las operaciones carboníferas. A lo largo del corredor férreo que conecta las minas con Puerto Drummond, en el Magdalena, también existe una importante actividad agropecuaria.
Los ocho municipios analizados en este corredor reúnen aproximadamente 104.200 hectáreas sembradas. En los seis territorios del Magdalena ubicados sobre la línea férrea se concentra, además, el 53,4 % de toda el área cultivada del departamento.
La mediana del corredor equivale a tres veces el área sembrada y a 3,9 veces la producción agrícola de sus municipios comparables.
Entre los resultados más destacados aparece Zona Bananera, cuya superficie sembrada equivale a 13,9 veces la mediana de sus pares. Le siguen El Copey, con 5,7 veces; Aracataca, con 4,4 veces, y Ciénaga, con 3,4 veces.
En estos territorios, la canasta agrícola incluye palma de aceite, banano, café, maíz y arroz, entre otros cultivos que forman parte de la dinámica económica regional.
Así, mientras el ferrocarril moviliza el carbón desde las zonas productoras hasta el puerto de exportación, en los mismos municipios la agricultura mantiene una presencia relevante.
MÁS DE UNA VOCACIÓN PRODUCTIVA
La lectura conjunta de los resultados muestra que los 13 municipios estudiados reúnen 155.100 hectáreas sembradas y que 11 de ellos presentan áreas cultivadas iguales o superiores a las de sus comparables, es decir, la minería y la agricultura pueden avanzar de manera paralela en un mismo territorio.
La coexistencia de ambas actividades abre una conversación sobre la diversificación económica del Cesar y el Magdalena. En regiones donde la minería tiene un peso importante en la economía, la consolidación de otras actividades productivas puede contribuir a ampliar las fuentes de ingresos y las oportunidades laborales.
Así las cosas, el reto territorial consiste en que las distintas actividades económicas puedan desarrollarse con planificación, reglas claras y criterios de sostenibilidad, de manera que sus beneficios lleguen efectivamente a las comunidades.
INVERSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
La discusión sobre la actividad minera en el Cesar y el Magdalena también comprende la inversión que las empresas destinan a iniciativas sociales y ambientales en sus áreas de influencia.
Según los datos reportados por Drummond, durante 2025 la compañía destinó $146.221 millones a inversión social y $162.415 millones a inversión ambiental, para un total de $308.636 millones.
En el Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) 2026, elaborado por Arteaga Latam, Drummond obtuvo 70 puntos sobre 100 y alcanzó un nivel alto. La evaluación analizó el desempeño correspondiente a 2025 a partir de cinco dimensiones: alineación, gestión, esfuerzo financiero, articulación con otros actores y reconocimiento.
La compañía obtuvo 98 puntos en gestión y 89 en alineación, según los resultados divulgados. En materia ambiental, el 59% de los recursos reportados se destinó a acciones relacionadas con emisiones de gases de efecto invernadero; el 17 %, a protección de bosques, y el 16 %, a gestión del agua.
Por su parte, la inversión social recibió la máxima calificación de impacto, de cinco sobre cinco, en seis grupos poblacionales, entre ellos comunidades rurales y productores agropecuarios, jóvenes, mujeres en situación de vulnerabilidad, pequeños empresarios y líderes comunitarios.
CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y ECOSISTEMAS
La sostenibilidad constituye otro de los componentes de la relación entre la actividad minera y el territorio. En la documentación ambiental de Drummond se describen acciones de protección de fauna, conservación de vegetación y recuperación de áreas intervenidas alrededor de sus proyectos mineros.
La compañía durante 2025 desarrolló acciones de conservación en las cinco áreas con Plan de Manejo Ambiental (PMA), incluidas medidas de protección frente a la intervención de terceros y reubicación de fauna silvestre.
También informó sobre un análisis multitemporal realizado entre 2017 y 2025, a partir de los monitoreos de las áreas evaluadas, cuyos resultados describió como favorables en términos de crecimiento, regeneración y adaptación de la vegetación.
Entre los retos identificados por la empresa se encuentran continuar los programas de compensación de los proyectos Pribbenow y El Descanso, fortalecer el manejo de flora y fauna antes de las intervenciones mineras y avanzar en la recuperación ambiental de áreas liberadas, con una meta de intervención de al menos 150 hectáreas dentro del complejo minero.
De manera complementaria, otro análisis del Monitor de Desarrollo Territorial, titulado Carbón y Deforestación en los Territorios, concluyó que los municipios carboníferos evaluados no presentan una asociación entre mayores niveles de producción de carbón y mayores pérdidas de bosque. Según ese estudio, los municipios carboníferos del norte del país aportaron el 0,9 % de la deforestación registrada en Colombia durante 2025.
CONVERTIR LA COEXISTENCIA EN OPORTUNIDADES
El crecimiento del área cultivada en los municipios mineros, la extensión de las tierras agrícolas a lo largo del corredor férreo y la presencia de iniciativas sociales y ambientales configuran varios elementos de la dinámica productiva regional.
El desafío consiste en que esta coexistencia se traduzca en oportunidades sostenibles para las comunidades; mejores condiciones para los productores rurales, fortalecimiento de los emprendimientos locales, empleo, protección de los recursos naturales y alternativas económicas que contribuyan al bienestar de las familias.
Bajo este contexto, las 155.100 hectáreas sembradas en 13 municipios ofrecen una referencia concreta de la importancia agrícola de esta zona. El siguiente paso es consolidar condiciones para que esa capacidad productiva, junto con las oportunidades económicas asociadas a la minería, contribuya a un desarrollo regional diversificado, ambientalmente responsable, sostenible y con beneficios para sus habitantes.