La banda venía delinquiendo desde 2016, de acuerdo a lo consignado en el informe, que servirá de base para imputarles cargos a sus 13 integrantes por tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento privado, obtención de documentos públicos falsos, uso de documento público falso, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, acceso abusivo a un sistema informático y concierto para delinquir.

El extenso prontuario obedece a que, aparentemente, esta banda logró extractos bancarios y declaraciones de renta, entre otros documentos espurios, para presentarlos ante las autoridades nacionales con el fin de acreditar un sólido historial financiero de los extranjeros para que se les concediera la estadía o el tránsito a otros países.

El cabecilla de la organización fue identificado como C. A. Bernal Cruz, que hizo parte del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad y que, conforme a la investigación, se encargaba de gestionar y organizar el personal para obtener los mencionados documentos.

De la mano con Bernal trabajaba J. Quintero Padilla, quien hasta hace unos meses estuvo en la nómina de Migración Colombia y puso a disposición de la red sus funciones en la entidad legalizando la condición de los extranjeros y expidiendo los documentos necesarios sin que los beneficiarios cumplieran los requisitos de ley.

Las autoridades señalaron que la persona encargada de conseguir los pasaportes colombianos de manera ilegal era F.J. Navarro Pereira.

La tarifa más económica que se descubrió a lo largo de la investigación fue tasada en cinco millones de pesos. Sin embargo, también documentaron pagos de hasta 30 millones de pesos por el trámite de los documentos falsos.

Los tentáculos de esta organización criminal alcanzaron a funcionarios de Registradurías y Notarías y empleados de Migración Colombia que habrían favorecido el actuar delictivo de la banda. De allí que no se descarte que se presenten más capturas en los próximos días.

Las autoridades estadounidenses están analizando todas las pruebas porque se sospecha que de los 17 casos hasta ahora conocidos exista alguno que haya ingresado a su país mediante la presentación de los falsos documentos. De comprobarse este delito, lo que seguiría es elevar la solicitud de extradición.

Vanguardia