Gobernador de Antioquia defiende la tasa de seguridad que propuso
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó los avances y retos relacionados con la implementación de la tasa de seguridad, un tributo que ha generado amplias discusiones en sectores empresariales, ciudadanos y políticos del departamento.
Esta medida, que se aplicará desde el primero de enero de 2025, tiene como principal objetivo fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad en el territorio, un aspecto que el mandatario considera prioritario ante las carencias actuales.
Uno de los puntos más debatidos ha sido el mecanismo para el recaudo de la tasa. Aunque inicialmente se contempló que Empresas Públicas de Medellín (EPM) se encargara de incluir el cobro en las facturas de servicios públicos, el gobernador confirmó en una entrevista con El Colombiano que esta tarea será asumida por Valor+, una filial del Idea con experiencia en la gestión de impuestos como el predial y el de industria y comercio en Medellín.
El mandatario también destacó que la medida incluye beneficios específicos para los contribuyentes no residenciales, quienes podrán deducir este tributo de la liquidación del impuesto de renta. Esto, según explicó, podría incentivar la aceptación del cobro entre las empresas afectadas.
“Tenemos una noticia muy buena, sobre todo para las personas jurídicas que quieran utilizarlo, y es que esta tasa, como tiene que ver con la actividad económica de los sectores no residenciales, podría ser uno de los tributos que ellos, si así lo tienen dentro de su contabilidad, podrían descontar de la liquidación del impuesto de renta”, señaló.
Estructura y topes del cobro
La estructura del tributo fue diseñada tras la incorporación de una propuesta formal de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
Dicha propuesta introduce topes al cobro según el consumo energético, beneficiando, según Rendón, tanto a la industria como al comercio. Por ejemplo, los usuarios industriales que consuman más de 500.000 kilovatios hora tendrán un techo máximo en el cobro, mientras que en el sector comercial este umbral es de 70.000 kilovatios hora.
Si bien esta modificación reduce el recaudo proyectado en aproximadamente $200.000 millones, Rendón defendió la decisión como un acto de equidad hacia los sectores productivos del departamento.
“Aquí lo que está claro es que si el gobierno Petro abandona la seguridad, abandona la dignidad de soldados y policías, nosotros en Antioquia no lo vamos a hacer, así tengamos que incurrir en costos políticos tan caros como este. Esto no es cómodo de ninguna manera, pero ¿cómo nos vamos a quedar manicruzados ante la situación de seguridad, ante la forma como viven los soldados y policías, las carencias en dotaciones, en equipamientos que tienen para poder cumplir con su quehacer misional?”, dijo.
Críticas y legitimidad de la medida
El proyecto ha sido objeto de señalamientos desde distintos sectores, que consideran que la tasa fue impuesta sin concertación suficiente. No obstante, Rendón defendió el proceso de aprobación en la Asamblea Departamental, asegurando que se trató de un ejercicio democrático abierto a debates.
“La única propuesta formal que recibimos fue incorporada en su totalidad. Las decisiones en corporaciones públicas, como la Asamblea, representan la voluntad de los ciudadanos”, afirmó.
El gobernador también respondió a las críticas del expresidente Álvaro Uribe, quien señaló que la medida careció de esfuerzos para lograr consensos. Rendón reconoció la importancia de escuchar al expresidente, pero enfatizó que las decisiones gubernamentales deben priorizar el bienestar colectivo, incluso cuando implican costos políticos.
“También en su momento para él no fue fácil cuando le tocó salir adelante con el tema del impuesto al patrimonio, eso fue una discusión que, finalmente, la gente lo aceptó con cariño y, gracias a eso, se dieron los frutos de eso, por cuenta de las capacidades que adquirió nuestra Fuerza Pública. En ese momento se le quebró el espinazo a la violencia y a los grupos armados ilegales en Colombia”, señaló.
El cobro de la tasa está programado para iniciar el 1 de enero de 2025 y se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2027, según lo estipula la ordenanza aprobada. Rendón aseguró que su administración tiene absoluta confianza en la legalidad de la medida, respaldada por legislaciones vigentes y sentencias de la Corte Constitucional. “Este tributo ya existe en otros departamentos, y su implementación en Antioquia es un mandato que no podemos ignorar”, afirmó. Con Infobae