Se aprueba política de desmantelamiento de organizaciones criminales
El 7 de septiembre, en una sesión plenaria, se realizó una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), un espacio creado en el Acuerdo de Paz, con el objetivo de diseñar y revisar la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones con conductas criminales. Allí se aprobó la política en cuestión, propuesta en los Acuerdos de Paz, firmados en 2016.
Imagen de archivo de la reinstalación de la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 21 de noviembre de 2022. En las últimas horas, el Gobierno nacional dio a conocer quiénes serán sus delegados – crédito Presidencia de Colombia
La confirmación de esto hecho lo dio la Secretaria Técnica de la CNGS Gloria Cuartas, quien también directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz: “El presidente aprobó el Plan de acción y nos hizo recomendaciones especiales, para que la fuerza pública y la inversión del Estado pueden llegar mancomunadamente y organizados a los territorios; para que superemos y transformemos estas economías e ilegalizadas, superemos el asesinato y la violación a mujeres; para que a los niños, niñas y jóvenes los saquemos de la guerra, y para que esta política que está en armonía con el Plan de Desarrollo, con las Políticas de defensa y seguridad del Ministerio de Defensa, y de no estigmatización del Ministerio del Interior nos reúna”.
El propósito fundamental que persigue este plan de acción, de acuerdo con las declaraciones de Cuartas, es “contribuir a la no repetición de graves violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH contra las personas y comunidades sujetos de protección de la CNGS, afectados por las organizaciones y conductas criminales (incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo), así como por el abandono institucional del Estado”.
Pero ¿cómo funcionaría esta política? Según este plan de acción, el Gobierno buscará impulsar “acciones integrales que ataquen las múltiples causas (socioeconómicas, políticas, ideológicas, culturales y otras causas estructurales) que favorecen su creación, fortalecimiento y persistencia”.
La aprobación de esta medida se genera en el marco de la iniciativa de “Paz Total”, impulsada por el presidente en el Plan Nacional de Desarrollo. En este contexto, el objetivo busca no solo atacar las estructuras criminales, sino arremeter contras las causas, más allá de los grupos y sus actos, con el objetivo adicional de impactar las dimensiones financieras, políticas e institucionales, armadas, transnacionales y fronterizas del fenómeno criminal de estos grupos delictivos.
Otro de los efectos que persigue esta intención de desmantelamiento, a mediano plazo, es transformar la presencia del Estado en espacios en los que la debilidad institucional y los factores socioculturales propician el fortalecimiento de estructuras criminales. Pero también se pretende restituir la confianza institucional con la población objeto de la CNGS, generando acciones de prevención de afectaciones por parte de las organizaciones delictivas.
¿Por qué este punto del Acuerdo se aprueba siete años después?
No obstante, la aprobación de esta serie de acciones propuestas en el respectivo plan de acción quedó en modo de espera durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Esta Política es una de las deudas más prominentes que no habían logrado avanzar desde la firma de los Acuerdos de Paz.
Carlos Lozano, asesor de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, sobre la aprobación refirió que esta “política pública que la estaba esperando el país. El Estado colombiano cuenta con una herramienta para avanzar en la construcción de paz y proteger la vida de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación”, luego de que, al haber dejado este proyecto en el aire, la falta de acción de desmantelamiento contribuyó al incremento de la violencia, especialmente contra lideres sociales y firmantes de paz.
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad fue creada mediante el Decreto Ley 154 de 2017. Esta, en el marco de la aprobación, se ha propuesto establecer la planeación operativa anual que irá hasta el año 2026. Por su parte, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad estará a cargo de supervisar y hacer seguimiento al desarrollo de esta Política. Con Infobae