5 de diciembre
Política

Gremio de EPS y otros actores claves piden retirar proyecto de reforma a la salud

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, y más de medio centenar de actores claves del Sistema de Salud enviaron al Gobierno Nacional una carta en la cual le piden retirar el proyecto de Reforma a la Salud que este martes sigue su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes .

Los firmantes, entre los que están varias asociaciones de usuarios, gremios, academia, pacientes, exministros y organizaciones sociales, entre otros actores, formulan la solicitud de acuerdo con la invitación que hizo el presidente Gustavo Petro «a hacer consensos», señaló Augusto Galán, exministro de salud y uno de los líderes de la iniciativa.

En la misiva advierten que «no es claro que la reforma a la Salud presentada por el Gobierno Nacional contribuya al progreso en el Derecho fundamental a la salud y más bien pone en riesgo los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud, entre ellos, la libertad de escogencia por parte de los ciudadanos de su asegurador y prestador y amenaza los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que establece la Constitución Nacional».

Al respecto hacen, además, las siguientes precisiones:

-No resuelve los problemas de cobertura y acceso que se presentan en los territorios, por el contrario, fragmenta y desarticula los niveles de atención, afecta su integralidad, no garantiza la continuidad de los tratamientos de los pacientes y elimina la función de agencia para el
paciente, lo cual se traducirá en barreras de acceso para la población.

-Dispersa funciones de agenciamiento y gestión integral de riesgos en diversos agentes públicos creando confusión en los roles y las responsabilidades frente a los pacientes y el sistema.

-No garantiza la sostenibilidad financiera del sistema; por el contrario, rompe la protección financiera que para el Estado significa la unidad de pago por capitación (UPC).

– Establece un modelo de pago que combina el subsidio a la oferta, el pago por servicio y la capitación, sin mecanismos de contención apropiados y con enorme riesgo de desborde presupuestal.

Además, las aproximaciones al impacto fiscal que tendría esta reforma han señalado varias decenas de billones de pesos, sin considerar el plan completo de inversión, que, sumado a la falta de control en el gasto futuro, pudiera convertirse en una cascada de recursos fiscales con cargo a la Nación.

– No plantea una arquitectura institucional articulada y eficiente; en cambio crea múltiples instancias que aumentan la burocracia en el sector y exponen el sistema a la politización y al uso inapropiado de los recursos con los consiguientes riesgos para los pacientes derivados del tráfico de influencias.

– Defiende la necesidad de adoptar un modelo preventivo de salud, sin embargo, la compleja operación del sistema que propone no garantiza mejores resultados en prevención y promoción de la salud; por el contrario, desdibuja los mecanismos de la gestión del riesgo en salud.

– Conduce a la estatización total del sistema al concentrar la mayor parte de sus funciones en las entidades públicas y desaparece por completo el aseguramiento en salud, para transitar hacia un sistema público de salud.

– Desconoce que el sistema de salud, en consonancia con el artículo 48 de la Constitución Nacional, ha constituido una gran alianza publico privada, que ha contribuido a acrecentar los niveles de
atención y calidad con los que cuentan la mayoría de la población colombiana.

– Desincentiva la participación privada en la prestación de los servicios, desconoce los esfuerzos en calidad, avance tecnológico, formación del talento humano en salud e inversión, que ubican a Colombia en un lugar destacado de oferta hospitalaria de excelencia.

– Propone el manejo centralizado de los recursos en el ADRES, institución que ha manifestado no contar con las capacidades ni la infraestructura para responder por toda la operación financiera y
gestión administrativa del sistema. Adicionalmente crea fondos cuenta regionales, con estructuras burocráticas asociadas, que exponen al sistema a una falla del servicio, que se traducirá en
pérdida de vidas.

– Elimina la función de gestión de riesgo en salud y riesgo financiero que soportan el sistema en la actualidad y desconoce la labor de agencia que esta función implica para los pacientes, como es, la conformación de las redes y su eficiente contratación, al igual que las gestiones tan complejas como el reconocimiento y pago de prestaciones económicas. El tránsito que propone hacia la creación
de “Gestoras de Salud y Vida” no es nada distinto que el lento marchitamiento de las EPS que hoy cumplen esa primordial función.

– Los cambios propuestos por la reforma generan incertidumbre e inestabilidad laboral para mas de cien mil trabajadores y trabajadoras del sector salud.

– No presenta las reglas claras para un eventual período de transición que protejan los avances adquiridos por los pacientes y usuarios en el goce efectivo del derecho a la salud y garanticen las prestaciones a las cuales hoy tienen acceso.

? El proceso adelantado hasta ahora en el Congreso de la República ha violado varias de las disposiciones de la Ley 5 de 1992, que rige el trámite de las leyes en Colombia. Los innumerables, evidentes y documentados yerros de procedimiento advertidos a lo largo de las deliberaciones en la Comisión Séptima del Congreso, pone en vilo la vocación de permanencia del proyecto.

Adicionalmente un grupo importante de juristas ha considerado que muchas de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley deben tramitarse por una ley estatutaria, en tanto comprometen la garantía del Derecho fundamental a la salud. Por todo lo anterior existe un alto riesgo de que la reforma sea inconstitucional, con pérdida de tiempo y enormes peligros para el sistema.

Por lo anteriormente expuesto y porque los colombianos esperan que las reformas sociales se adelanten sin atropellos, sin acomodos políticos y observando un verdadero acuerdo democrático, deliberativo, respetuoso de todos, que se traduzca en mejores condiciones sociales para la población, se solicita respetuosamente al Gobierno Nacional, el retiro del Proyecto de Ley 339 de 2023 y que, atendiendo la invitación del Señor Presidente Gustavo Petro, de construir las reformas entre todos, se convoque a una gran mesa nacional para un debate amplio, con la indispensable evidencia técnica y científica, con la participación ciudadana y de las organizaciones del sector salud, que no sea un mero formalismo, para construir de manera conjunta una reforma, que tenga como guía el mandato constitucional por el derecho fundamental a la salud, así como el derecho irrenunciable a la seguridad social y la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, de tal forma que sea progresiva, sostenible, eficiente, conduzca a la protección de los recursos y la sostenibilidad del sistema, pero sobre todo a la mejor atención, oportuna y con calidad, para todos los colombianos en todo el territorio nacional.

La propuesta fue firmada por
Pacientes Colombia
Asociación de Usuarios de Salud Total
Asociación de Usuarios de Compensar
Asociación de Usuarios de Coosalud
Asociación de Usuarios de Sura
Asociación de Usuarios de Nueva EPS Cundinamarca
Asociación de Usuarios de Famisanar
Asociación de usuarios de Aliansalud
Asociación de usuarios de Sanitas
Asociación Colombiana Saludable Asesores
Asociación de Enfermeros Hepáticos y Renales
Fundación Rasa
SENOSama
Fundación Salud Querida
Fundación Fundem
Fundación Kala
Movimiento Luz Rosa
FECOER
Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma
Ascofapsi
Fundación Retorno Vital
Liga Colombiana Contra el Cáncer
Fundacion Santa Fe de Bogota
La Cardio
Así Vamos en Salud
Centro de Estudios ES- Universidad de Antioquia
Fundación Universitaria Juan N Corpas
Facultad de Medicina Universidad del Bosque
ICESI
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI
ACEMI
ASOCAJAS
ASCUN
GESTAR SALUD
AFIDRO
ASOCOLDRO
AMCHAM
FENALCO
Instituto de Prospectiva e Innovacion en Salud INNOs
Myriam Luz Triana, Presidente Electa CGT 15 de abril 2023
Patricia Riveros, Defensora de Derechos Humanos y Veedora Nacional en Salud

La misiva también fue firmada por varios exministros de Salud:

Augusto Galán
Mauricio Santamaría
Fernando Ruiz
Alejandro Gaviria
Beatriz Londoño
Diego Palacio
Jaime Arias
Gabriel Riveros
Ex Ministros de Hacienda
Juan Camilo Restrepo
Rudolf Hommes
Juan Carlos Echeverry
Jose Manuel Restrepo

Ex viceministros de Salud y Protección Social que también firmaron:

Iván Dario González
Germán Escobar
Carlos José Rodríguez
Jairo Nuñez
Eduardo Alvarado
Carlos Castro
Blanca Elvira Cajigas
Carlos Ignacio Cuervo
Diana Cárdenas
María Andrea Godoy
Rodrigo Córdoba
Ex presidente de Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
César Burgos
Ex presidente de Sociedades científicas
Ramón Abel Castaño

Con RSF

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