Destituyen e inhabilitan al exgobernador de San Andrés, Ronald Housni

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por nueve años y cinco meses al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Ronald Housni Jaller, por incumplir su función de administrar correctamente la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) del departamento.

En el fallo de primera instancia, el Ministerio Público indicó que logró comprobar que, el exgobernador del Archipiélago de San Andrés, no llevó a cabo las acciones necesarias para “organizar, dirigir y coordinar la red pública de IPS” y, por ende, garantizar la efectiva prestación -en el tercer nivel-del servicio de salud a la población.

Por los hechos, que se registraron entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de abril de 2018, el ente de control también impuso la misma sanción al entonces secretario de Salud, Adolfo Lambis Urueta.

En el caso de Lambis Urueta, la entidad comprobó que, durante el ejercicio de su cargo, respaldó la celebración de un contrato con la Institución Prestadora de Servicios de Salud Universitaria, desconociendo así “la realidad del departamento” y “que esta IPS había presentado falencias en su modelo de atención según los informes de auditoría y de la Superintendencia Nacional de Salud”.

“A juicio de la Entidad, los disciplinados permitieron que se originaran graves riesgos para la salud de los afiliados al régimen subsidiado y contributivo, de aquellos que no están afiliados al sistema de seguridad social, y de quienes visitan el Archipiélago”, señaló el Ministerio Público.

La Procuraduría determinó así que los dos exfuncionarios incurrieron “en falta gravísima a título de culpa gravísima”, por participar en un proceso contractual en el que se desconocieron “los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa”.

Como conclusión, el Ministerio Público recordó en el fallo disciplinario que “las entidades territoriales deben confirmar que cuentan con la facultad institucional para (…) garantizar la adecuada gestión, y lograr los resultados en salud favorables a la población, que lleve a una disminución de brechas e inequidades sanitarias en el territorio (…)”.

En otros temas relacionados con la Procuraduría, en la mañana de este 15 de diciembre, la entidad dio a conocer que asumió la investigación que se adelanta contra el Teniente Coronel (R), Benjamín Darío Núñez Jaramillo por la presunta muerte de tres jóvenes en medio de un operativo en Sucre.

“Los hechos investigados refieren un operativo policial tendiente a lograr la captura de los responsables del homicidio del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón que conllevó a la captura de tres personas que se movilizaban en dos motocicletas, uno de los cuales se encontraba herido y seguidamente fueron subidos al platón de una camioneta de la Policía Nacional para ser transportados al centro asistencial y ser atendidos por las heridas, presentándose en el recorrido el presunto tiroteo contra los ciudadanos capturados, quienes fallecieron, cuya autoría se imputa al coronel en servicio activo, para el momento de los hechos, BENJAMÍN DARÍO NUÑEZ JARAMILLO (hoy retirado de la institución policial)”, explicó el Ministerio Público en su decisión.

Entre los investigados, también están los integrantes de la Policía Nacional de Sucre, el mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y la Subteniente María Camila Buriticá Valencia, quienes serán indagados por los mismos hechos.

En el momento, de acuerdo con la Procuraduría, la investigación se encuentra con “pliego de cargos formulado el 4 de noviembre de 2022″ mientras que, al mismo tiempo, la entidad “adelantará el juicio disciplinario”. Con Infobae

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