Corte avala decreto de emergencia económica por ola invernal en Córdoba y Sucre
La Corte Constitucional avaló parcialmente el decreto del Gobierno que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en varias regiones de Colombia, con especial impacto en los departamentos de Córdoba y Sucre. La trascendental decisión jurídica busca otorgar al Ejecutivo las herramientas administrativas y financieras necesarias para conjurar la crisis y ayudar a las familias damnificadas por las graves inundaciones y afectaciones que ha dejado la intensa ola invernal.
A pesar de dar luz verde a la declaratoria con una contundente votación de ocho contra uno en la Sala Plena, el máximo tribunal estableció estrictos condicionamientos geográficos y logísticos. Los magistrados ordenaron que las medidas excepcionales tendrán aplicación exclusiva sobre los 181 municipios listados en el reporte oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sumado a los entes territoriales que logren demostrar ante las autoridades una afectación climática directa.
Para garantizar que el Estado de Excepción no exceda su propósito, la Corte tumbó algunos polémicos artículos del decreto, declarándolos inconstitucionales por no tener una conexidad evidente con el desastre natural. Entre ellos figuran las facultades extraordinarias conferidas a la Agencia Nacional de Tierras para procesos de deslinde o recuperación de baldíos, reformas a trámites agrarios, las actualizaciones de planes ambientales de cuencas hidrográficas y las medidas de salvamento frente a la crisis financiera de las empresas prestadoras de energía eléctrica.
En materia de transparencia y gasto público, la sentencia enfatiza que el Gobierno no podrá ampararse en esta emergencia para promover cambios legislativos estructurales ni financiar obras que no estén estrictamente vinculadas a la inmediatez de la recuperación del territorio. Para evitar desvíos o ineficiencias, el alto tribunal impuso un control riguroso: ordenó crear una contabilidad paralela o un seguimiento separado de estos fondos, exigiendo además justificaciones profundas cada vez que se prescinda de los mecanismos ordinarios de financiación.
Finalmente, el fallo se convierte en un llamado a la acción preventiva del Estado frente al cambio climático. La Corte Constitucional cerró su intervención exhortando formalmente a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional a fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El objetivo a futuro es que el país cuente con la solidez institucional y presupuestal necesaria para enfrentar los fenómenos naturales desde los planes ordinarios de desarrollo, reduciendo la dependencia jurídica a las declaratorias de emergencia. Con RSF