Defensoría del Pueblo se declara en contra de indultar a 230 sujetos de la «primera línea»

La Defensoría del Pueblo, notifico este lunes su preocupación «como entidad del Estado colombiano encargada de defender, promocionar, proteger y divulgar los derechos humanos, las garantías y libertades de los colombianos», por la decisión del Gobierno Nacional de otorgar beneficios a 230 ciudadanos que en la actualidad se encuentran privados de la libertad por presuntos hechos delictivos en los que habrían incurrido en el marco del Paro Nacional de 2021.

En un comunicado, «la Institución Nacional de los Derechos Humanos de Colombia» señala que «respeta las decisiones de cada una de las ramas del poder público; sin embargo considera imperioso poner de presente que la iniciativa del Gobierno podría poner en riego los derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, toda vez que no se advierte que esta decisión política esté acompañada de las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y la protección a las víctimas y a la sociedad».

Añade que «Colombia ha ratificado numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, así como también ha expedido leyes fuertemente represoras de ciertas conductas penales consideradas explícitamente como no amnistiables e inindultables».

Además precisa que «la Ley 733 de 2002, por ejemplo, da ese tratamiento a los delitos de terrorismo, secuestro, tortura y extorsión al calificarlos como atroces y no susceptibles de ser considerados como conexos con el delito político, dando como consecuencia, la imposibilidad de adoptar medidas de perdón para algunos de los delitos en los que habrían presuntamente incurrido los integrantes de la denominada primera línea».

Advirte que «este no resulta ser el único antecedente que desconoce la iniciativa del Gobierno Nacional, pues resulta importante recordar que el proyecto de la “Ley de Orden Público”, recientemente aprobado y base jurídica de la propuesta en mención, incluía un articulado que hacía referencia a los beneficios jurídicos de los que podrían ser acreedoras las personas judicializadas en el marco del paro nacional; sin embargo, el Congreso decidió excluir esos artículos».

Es por ello, subraya, que «si bien la Defensoría del Pueblo está presta a brindar oportunidades sociales y jurídicas a la juventud colombiana, hace un llamado a que las propuestas e iniciativas observen las garantías fundamentales de las víctimas y ante todo se mantenga el equilibrio e independencia de las ramas del poder público como principios rectores del estado social de derecho».

Y puntualiza: «Nos preocupa como Defensoría del Pueblo que se respeten los principios de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y que de ninguna manera se indulte a personas que hayan cometido delitos que puedan ser catalogados como graves».

Finalmente, la Defensoría del Pueblo señala que «estará atenta a la formulación final del decreto para presentar las recomendaciones o tomar las acciones jurídicas pertinentes en caso de que pudiese atentar contra los derechos de las víctimas». Con RSF

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