Colombia creará grupo con EE.UU para estudiar «casos críticos» de extradición

El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, anunció un acuerdo con los Estados Unidos para crear «un grupo binacional para el estudio de eventuales casos críticos, en materia de extradición», tras las reuniones que adelanta el gobierno colombiano en Washington.

En entrevista con el programa Foro, de la Voz de América, el funcionario aseguró que, hasta el momento, la dinámica de las extradiciones entre Colombia y EE.UU han seguido su curso habitual y no se ha negado ninguna operación.

Pero, aclaró que «la posibilidad de una conclusión exitosa del acuerdo de paz con el ELN y de sometimiento a la justicia con grupos criminales de alto impacto, es posible que haga plantear, en el futuro, la posibilidad de que el gobierno de Colombia suspenda o niegue la extradición de alguna de esas personas».

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha propuesto, desde la campaña presidencial, una política denominada “Paz Total”. Estos esfuerzos incluyen la reactivación de los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, además de negociaciones con grupos al margen de la ley.

El nuevo gobierno también se enfocaría en llevar ante la justicia a las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico a cambio de beneficios como rebajas de penas.

El ministro señaló que, con la conformación del grupo, quieren anticiparse y tener una mesa de conversación para «cuando esos eventuales casos lleguen a ocurrir y que nadie sorprenda a nadie» y llegar a acuerdos o, en caso de lo contrario, «ver cómo superamos esa diferencia».

Osuna agregó que la mesa será presidida por él y que se designará un agregado judicial en la embajada de Colombia en Washington para tener un «diálogo más permanente, más fluido», y que su equipo busca ampliar ese grupo en una mesa permanente de cooperación en asuntos judiciales.

Frente al tema, el ministro agregó que EEUU ha tomado «muy bien» la propuesta.

A propósito de la propuesta de Petro, sobre la posibilidad de no extraditar hacia Estados Unidos a narcotraficantes que colaboren con la justicia colombiana, el secretario de EEUU, Antony Blinken dijo que la extradición es un proceso que depende de dos naciones y que ha beneficiado a la justicia y las víctimas de ambos países.

Aclaró que seguirían trabajando en el tema y “procurando castigar los que incumplan nuestra ley”, durante su visita en octubre a Bogotá.

Además, respaldó el «enfoque holístico» del mandatario en su lucha contra el narcotráfico.

Osuna también habló del enfoque de gobierno colombiano sobre la lucha antidrogras que ha sido condenada por Petro, quien la ha calificado de «fracasada».

Según Osuna, el nuevo enfoque del gobierno en Colombia «mantiene una finalidad compartida por la comunidad internacional, que es la de salvar vidas, evitar que personas mueran por consumo de cocaína, evitar que personas mueren por la producción, el cultivo de hoja de coca».

Pero, aclara, que cambia la estrategia en cuanto a que pretende «dejar de perseguir criminalmente a los campesinos que cultivan hoja de coca, y enfocar los esfuerzos de persecución penal y criminal a las bandas de traficantes, a las bandas de lavado de activos». Es decir, «perseguir la cocaína y no la hoja de coca», agregó.
Además, afirmó que no se contempla en el plan la legalización de la cocaína, y que, mientras la comunidad internacional llegue a algún consenso, diferente al actual, sobre el consumo de drogas, «Colombia no va a dar ningún paso unilateral de legalizar la cocaína. Y somos conscientes de que eso no va a ocurrir pronto, así que mientras tanto se mantendrá la prohibición».

Adam Isacson, director del programa de monitoreo de defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA, en el gobierno norteamericano hay frustración por el progreso de la lucha antidrogas, pero también hay dudas porque hay fijación en las cifras de disminución de hectáreas de cultivos de coca.

Craig Deare, profesor de la Universidad Nacional de defensa de EEUU, por su parte, dice que concuerda con una fracasada lucha antidrogas y, calificó como «bastante razonable» la propuesta del gobierno colombiano relacionada con la extradición.

Para el académico, las políticas de los gobiernos, desde 1920, se han enfocado en la criminalización del consumo y de la producción de la droga y opina que «la postura del gobierno colombiano de cambiar el paradigma es bastante lógico y la cuestión de la extradición es parte de ese cambio de paradigma».

Según Isacson, en medio de la idea de la paz total, de negociar a sentencias menores a cambio de la entrega y desmovilización de la estructuras criminales, «una sentencia reducida significa una no extradición a EEUU» y para algunos sectores del gobierno estadounidense, eso «siempre va a ser un sapo muy difícil de tragar».

Pero, enfatiza que si, en lugares apartados de Colombia, como el Cauca y Putumayo, con poca presencia estatal, los grupos se desmovilizan y dejan una vacío para la conformación de nuevos o la estabilización de los mismos grupos, «EEUU va a estar enfadado».

Pero, si la gobierno colombiano «gana esa carrera… EEUU creo que se puede callar y aceptar eso, si se ve ese resultado tan contundente».

Según Osuna, gracias a la interdicción terrestre, se ha visto frenada la producción y distribución de coca en dos zonas importantes de Colombia, marcando el momento para que el Estado intervenga y llegue con una «oferta social, judicial».

También hizo énfasis al señalar que el gobierno de Petro no está enfocado en la reducción de hectáreas de hoja de coca cultivadas, sino en la disminución de muertes por consumo de cocaína y por producción de hoja de coca.

Además de cumplir con los Acuerdos de Paz de 2016, hacer más presencia del Estado en zonas olvidadas y financiar estos objetivos, en parte, con recursos que saldrán de la recientemente aprobada reforma tributaria.

El cultivo de coca en Colombia en el 2021 cerró con 204.00 hectáreas cultivadas, 61.000 más que el año anterior, representando así un incremento del 43 %, según el informe anual, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (Información Gonzalo Abarca, Karen Sánchez Voz de América).

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