Rodolfo Palomino y Óscar Atehortúa vinculados en escándalo de corrupción
Todo empezó tras la audiencia de imputación de cargos que adelantó la Fiscalía General de la Nación en contra del representante legal de la compañía M&M Group S.A, Martín Ricardo Manjarrez, este sería la encargada de la distribución de algunas marcas de vehículos, que se prestan para blindarlos y que posteriormente se ofrecen a las diferentes entidades estatales. Durante la diligencia también sé proceso a Yonn Jairo García Rivera, gerente de la compañía en cuestión y son acusados por las autoridades de conseguir información a través de funcionarios públicos, con el fin de sacar ventaja sobre otros oferentes qué buscaban adjudicarse el contrato de los vehículos de protección. Dentro del acervo probatorio, aparecen algunos funcionarios entre los que se destacan: el ex director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, además los que fueran directores de la Policía Nacional, los generales en retiro Rodolfo Palomino y Óscar Atehortúa.
Según las investigaciones, los casos ocurrieron desde el 2013 y hasta el 2015, dónde Manjarrez y García aprovecharon sus supuestas amistades y cercanías, con algunos funcionarios públicos, y según la Fiscalía, con esto lograron obtener esa información consolidando a M&M Group, que representan, entre otras marcas a Suzuki Motor y Renault Trucks.
El modus operandi, que al parecer es con el que actuaban, estiman desde la Fiscalía, era crear uniones temporales con algunas otras compañías como: Toyonorte S.A, Blindex S.A, Armour de Colombia, entre otras, ofreciéndoles no solamente la presentación del proyecto, sino la intermediación misma para su gestión, garantizando su licitación a sabiendas de los datos e información que había obtenido previamente, a través de esos funcionarios involucrados.
La fiscal encargada del caso de es Angélica Monsalve, y durante la audiencia aseguró que, dentro de las conversaciones, los gerentes contratistas sabían las necesidades que requerían las diferentes entidades gubernamentales, con lo que acordaban no solamente los parámetros técnicos de los vehículos, si no los precios, monopolizando así, podría decirse, el mercado ya que esto hacía que los demás oferentes no pudieran competirles, y lógicamente aseguraban la licitación.
“Ustedes se concertaron con los gerentes de las empresas contratistas, quienes les suministraban los vehículos de acuerdo con las necesidades de entidades, acordando y unificando precios de venta, disminuyendo y aumentando precios, con el objetivo de eliminar competencia y la libertad de mercado, asegurando la contratación”, señalaron durante la audiencia de imputación, la fiscal encargada.
Cómo lo revela Cambio Colombia, dentro de los incentivos que Manjarrez y García ofrecían para dichas adjudicaciones, se encuentran: organizaciones de fiestas y despedidas oficiales, regalos como piezas de arte, además de otros artículos como licores, anchetas, incluso entradas a conciertos como el de Silvestre Dangond.
“Ofrecían y entregaban dineros a algunos funcionarios para el patrocinio de actividades relacionadas con agasajos y despedidas de oficiales. Arreglaban entrega de regalos como pinturas, anchetas, botellas de whisky, agendas y calendarios. Además, les ofrecían entradas para conciertos de Silvestre Dangond, así como dinero en efectivo a cambio de obtener ayuda de parte de los funcionarios encargados de estructurar las condiciones contractuales y las fichas con las especificaciones técnicas para cumplir con la necesidad de cada entidad”.
Aquí es donde empiezan a aparecer los nombres de los altos funcionarios, anteriormente nombrados, el primero de ellos es Andrés Villamizar, entonces director de la Unidad Nacional de Protección, quién junto con su grupo y oficina de trabajo, eran los que les facilitaban información a los representantes de M&M Group, y a cambio obtenían comisiones monetarias, además de los detalles anteriormente señalados, e incluso hasta los mismos vehículos que entraban dentro de los contratos.
Una entrega del reporte Coronell en W Radio da muestra de 9 entidades implicadas en el caso, y que según la investigación de la Fiscalía se encuentran: el fondo rotatorio de la Policía, la dirección general de la Policía, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Defensa, el Senado, la Cámara de Representantes, el fondo de vigilancia de Bogotá, el Instituto Nacional de Vías y hasta la misma Fiscalía General de la Nación.
Pues cotejando las fechas y teniendo en cuenta que dentro de los involucrados está la dirección general de la Policía, pues aparecen los nombres de quiénes eran los líderes de esta entidad, entre los que aparecen el general en condición de retiro Rodolfo Palomino y Óscar Atehortúa.
“Ustedes se relacionaban directamente con altos funcionarios de la Policía Nacional, algunos retirados del servicio y otros prestando funciones, tanto en la Dirección Administrativa y Financiera como en el Fondo Rotatorio, entre ellos, el general Oscar Atehortúa Duque, el general Rodolfo Palomino, el coronel Henry Yesid Bello Cubides, el capitán Luis Espinosa, este último manejaba las fichas técnicas de los vehículos que iban a ser adquiridos e, incluso, renunció a la Policía para irse a trabajar con Martín Manjarrez”
Según la investigación de la fiscal Monsalve, el desfalco en este contrato de vehículos blindados es multimillonario, solamente en la compra de algunos automotores se fueron más de 6700 millones de pesos, y son más de seis los convenios que se firmaron con dicha empresa.
Tanto a Martín Ricardo Manjarrez, como a Yonn Jairo García, se les imputaron los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias. Con Infobae