viernes, marzo 29, 2024
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Supersalud interviene por un año el hospital Rosario Pumarejo de López

Luego de las constantes peticiones por parte de la sociedad civil, gremios y autoridades gubernamentales, finalmente la Superintendencia de Salud ordenó la intervención y toma posesión del Hospital Rosario Pumarejo de López, luego de una auditoría en la que se identificaron 72 hallazgos financieros, asistenciales y administrativos, y se evidenció incumplimiento en el Plan de Mejora previsto en los últimos años.

El mismo superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, llegó hasta el centro asistencial y ordenó la intervención por un año del centro asistencial, luego de un proceso de auditoría en el que se identificaron 72 hallazgos financieros, asistenciales y administrativos, y se evidenció incumplimiento en el Plan de Mejora acordado el año pasado.

La medida ordena la separación inmediata del cargo de la Gerente y a la Junta Directiva del hospital, siendo designado como agente especial interventor, el economista y especialista en administración en salud Duver Vargas Rojas, quien tendrá 30 días para presentar un plan de acción que le permita recuperar la institución.

De inmediato la Supersalud tomó posesión de los bienes, haberes y negocios del hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar. “Es tan crítica la situación encontrada en la gestión del hospital que se estaba poniendo en riesgo la adecuada y oportuna prestación del servicio de salud a los usuarios en condiciones de calidad, accesibilidad y seguridad”, aseguró Aristizábal Ángel.

Destacó que el objetivo del Presidente de la República es rescatar la red pública hospitalaria en el país. “El Rosario Pumarejo de López es un centro de referencia muy importante para esta región y necesita de la intervención del Gobierno nacional. Habíamos hecho varias advertencias y auditorías que permitieron generar cerca de 94 hallazgos; lamentablemente el hospital no ha corregido el camino, los hallazgos administrativos, financieros, asistenciales y jurídicos persisten”.

El propósito de la intervención es generar la confianza entre las comunidades y de las empresas aseguradoras para poder recuperar el rumbo del centro de salud. “Me duele que hospitales de este tamaño, hospitales públicos que son necesarios para que no colapse la red privada, sigan cayendo en este deterioro por malas administraciones”, dijo.

Sobre el agente interventor, Aristizábal destacó que tiene toda la autonomía para desarrollar los procesos. Aplicará un estricto plan de acción que permita garantizar la prestación de los servicios de salud, trabajar en subsanar las graves deficiencias encontradas y procurar la estabilización de los principales indicadores de gestión.

Con esta intervención se suspenden los procesos jurídicos contra el hospital e inicia un proceso de recuperación en el que “le pido al Gobernador del Cesar y al Ministro de Salud que nos sumemos para salvar el hospital, referente en esta región y departamentos vecinos.

De acuerdo con la resolución 20224200000000426 del 14 de enero de 2022, por medio de la cual se ordena la intervención forzosa para administrar por un año, “el hospital evidencia fallas en infraestructura, en dotación, mantenimiento, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, historia clínica, procesos prioritarios e interdependencia de servicios; lo cual repercute de manera negativa en la prestación segura del servicio”.

Una de las causales para adoptar la medida es que el hospital incurre en prácticas no autorizadas como el inadecuado funcionamiento de los equipos biomédicos, falta de seguridad para la atención del paciente, incumplimiento del proceso de esterilización y a los pacientes no se les ejecutan adecuadamente los planes de tratamiento ordenados por los médicos tratantes.

También se identificó el incumplimiento de las disposiciones que regulan el flujo de recursos y de los bienes públicos que administra, al igual que se detectó una inadecuada gestión en asuntos como un posible detrimento patrimonial por medicamentos vencidos o mal almacenados, inventarios y diferencias entre las cuentas por pagar reportadas en el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO).

La Supersalud también anunció que tiene abiertos dos procesos de investigación administrativa contra la exrepresentante legal del hospital, Jakeline Henríquez Hernández, quien estuvo al frente del hospital desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021.

En el país se han identificado más de 70 modalidades de malas prácticas, y este hospital no es la excepción. El caso de gerente anterior está en la delegada de procesos sancionatorios administrativos, para lo cual se habían solicitado facultades a través de la Ley 1949 para ir contra los responsables y no contra las entidades.

NO REESTRUCTURÓ LOS PASIVOS

En julio del año pasado, durante una mesa de trabajo realizada en Valledupar, el propio Superintendente Aristizábal Ángel planteó a las autoridades departamentales la alternativa de que el hospital se acogiera a un acuerdo de reestructuración de pasivos, como fórmula para la crisis financiera que enfrentaba.

Cuatro meses después, en noviembre de 2021, el hospital allegó a la Supersalud la solicitud de reestructuración de pasivos, pero esta no cumplió con los criterios establecidos en la ley 550 de 1999.

De los 11 requisitos establecidos para la presentación de esta solicitud, el hospital solo cumplió con dos, por lo que la Superintendencia hizo requerimientos para que se enmendara o se diera alcance a la información reportada en la propuesta, pero no se recibió ninguna respuesta dentro del plazo establecido, razón por la cual se decidió rechazar la solicitud de reestructuración de pasivos, según lo informó la Supersalud a través de un comunicado.

A juicio de la Supersalud, dicha propuesta no sustentaba la recuperación del hospital en el corto, mediano y largo plazo y, adicionalmente, planteaba un escenario financiero deficitario en el que los ingresos y el recaudo no cubrían el costo de operación, lo que hubiera generado más pasivos sin posibilidad de pago.

A las alertas y alternativas dadas por la Superintendencia por la situación del hospital, se han sumado los aportes y recursos destinados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, por más de 37 mil millones de pesos para contribuir en aspectos como la dotación, infraestructura, disponibilidad de camas UCI y pagos por concepto de prestación de servicios a la población migrante.

EGRESOS SUPERAN LOS INGRESOS EN 300%

Según el concepto técnico de la Supersalud para adoptar la medida de intervención, el hospital se encuentra en estado de insolvencia crítica y en una situación financiera muy grave, con pérdidas cercanas a los 60.000 millones de pesos, un déficit presupuestal de 36.135 millones y una cartera de 104.357 millones de pesos, a junio de 2021.

“El hospital experimenta una situación crítica financieramente, con falencias por escasa gestión gerencial, deficiente contratación con las EPS, inexistencia de sistema de costos, deficiente depuración de cartera y gestión de recaudo, demandas contra la entidad lo cual ha redundado en el cese de actividades por un personal que se siente desmotivado y falta de contratación”, señala dicho concepto elaborado como parte del seguimiento al desempeño del hospital.

A lo anterior, se suma una deficiente gestión de recaudo, mala depuración de cartera y que no garantiza controles ni procedimientos de bioseguridad durante la pandemia, factores estos que ponen en riesgo la prestación de los servicios de salud a los usuarios del hospital, la mayoría pertenecientes al régimen subsidiado.

Este hospital registra egresos que superan en un 300% los ingresos, es decir, no tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones con los profesionales, ni con los proveedores. “Eso es lo que venimos a voltear, a cambiar esa situación que no solo genere buenos servicios, sino que tengamos profesionales con sus salarios al día”.

“Exhortamos al Gobernador para que nos unamos todos en este propósito. Si la red pública del país colapsa, también lo hace la red privada; estamos recuperando hospitales en el Magdalena, en Bolívar, Sucre y no será la excepción el Cesar”, dijo Aristizábal.

NO CUMPLIÓ PLAN DE MEJORAMIENTO

El monitoreo constante y las auditorías hechas por la Superintendencia a los indicadores de la institución hospitalaria muestran que el Rosario Pumarejo de López no ha corregido la totalidad de los 96 hallazgos detectados en agosto de 2020.

En ese momento, y a raíz de ese cúmulo de deficiencias, se le estableció un Plan de Mejoramiento al hospital, pero más de un año después se pudo verificar que aún persisten 72 incumplimientos que deben ser subsanados.

De estos hallazgos, 34 corresponden al componente asistencial, 30 al financiero y 8 al administrativo, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Facturó servicios sobre los cuales no justificó o soportó su cobro, tales como medicamentos o materiales que no fueron administrados y/o aplicados a los pacientes, posteriormente retornados a la farmacia, para ser facturados nuevamente; respecto a las obligaciones laborales, con corte a junio de 2021, mostraba un rezago de pagos acumulado de varios meses, lo que provocaba ceses de actividades y desmotivación generalizada entre personal de la salud.

La información reportada presenta diferencias entre las cuentas por pagar reportadas en SIHO, los estados financieros certificados, lo entregado al equipo auditor y lo reportado por las Empresas Responsables de Pago (ERP).

Se evidenció desabastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos medico quirúrgicos y reúso de dispositivos médicos que no lo permiten.

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