Millonario contrato en La Guajira: le pagaban $58 millones mensuales a médicos que nunca atendieron pacientes

Un nuevo caso de corrupción enloda la prestación del servicio de salud en el departamento de La Guajira. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exalcalde y la exsecretaria de Salud de Manaure, La Guajira, por las irregularidades en un millonario contrato para evitar la mortalidad infantil en el municipio.

El escandaloso caso de corrupción se habría dado en 2015, cuando estas personas se desempeñaban en estos cargos públicos. La Fiscalía detalló que se trató de un contrato por $8.000 millones de pesos y, con sus acciones, habrían causado un detrimento patrimonial de $2.839 millones de pesos en el municipio.

El contrato

Para el año 2015, en el municipio de Manaure se declaró la calamidad pública con ocasión del fenómeno de la niña que se presentó a mediados de ese año. Para evitar la mortalidad infantil en las comunidades indígenas asentadas en las zonas desérticas de este municipio, el entonces alcalde David Díaz Rivera y la entonces secretaria de Salud Angélica Manotas Moscote, firmaron un millonario contrato para garantizar atención médica a estas personas.

Dicho documento se firmó con la IPS Sol Wayúu y con este se establecía que el objetivo del acuerdo era brindar atención a 2.000 familias indígenas del municipio de Manaure, esto para evitar más muertes en los menores de edad. El contrato tenía un valor de $8.000 millones de pesos y pretendía ayudar a niños, madres gestantes y mujeres de comunidades indígenas, con la entrega de kits alimenticios, agua potable, atención en salud y medicamentos, así como un componente informativo que debía hacerse en el idioma wayuunaiki, en un término de 5 meses.

La mortalidad infantil y las ayudas a las familias indígenas resultaron ser la fachada perfecta para que Díaz Rivera y Manotas Moscote construyeran su propio entramado de corrupción. Sin embargo, seis años después quedaron descubiertas las irregularidades dentro de esta acción y ambos fueron capturados.

La Fiscalía señaló en su comunicado que, aunque el contrato garantizaba la atención a familias indígenas, “la mayoría de la población nativa no fue beneficiada”. Por esto, el ente acusador le imputó cargos a ambos exfuncionarios por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

Además, a la exsecretaria de Salud, Angélica Manotas Moscote, la Fiscalía también le imputó el delito de falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, ninguno de los dos acusados aceptó la responsabilidad por dicho caso de corrupción.

Las irregularidades

Según la investigación que realizó la Fiscalía, desde la entidad encontraron que, con este contrato, se habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación. Una de las principales irregularidades detalladas por la Fiscalía es que se escogió un contratista con antelación.

Señalaron que “la IPS Sol Wayúu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato por lo que utilizó los servicios de terceras empresas por el 65% de las actividades desarrolladas (compra de mercados, agua, logística, transporte y elaboración de folletos)”.

Y agregaron que la IPS tampoco contaba con la autorización de la Secretaría de Salud para llevar a cabo acciones de carácter médico de pediatría, ginecología, nutrición y servicios farmacéuticos en zonas rurales del municipio. Eso, a pesar de que la misma entidad (SecSalud) fue la contratante.

A través de la investigación, la Fiscalía pudo establecer que, para asegurar la actividad ilícita, los hoy imputados “al parecer contrataron una nómina exagerada de funcionarios y médicos”. Dentro de las irregularidades, figuran las facturas de los sueldos para estos profesionales contratados, pues supuestamente se les pagaban nóminas de $58 millones mensuales, pero estos profesionales nunca visitaron las rancherías.

Por otro lado, también lograron establecer que se dejaron de comprar 209.000 litros de agua potable y 6.000 latas de suplemento alimenticio, tampoco se hizo entrega de medicamentos. El sobrecosto de los insumos habría alcanzado el 600%, pues también se facturó la contratación de unos supuestos traductores de lengua wayuunaiki, pero esa labor la desempeñaron conductores o enfermeras.

La Fiscalía concluyó que el detrimento en el municipio por este millonario contrato fue de $2.839 millones, y señaló que durante el tiempo de ejecución del contrato, entre julio y diciembre de 2015, Díaz Rivera recibió al menos $1.980 millones y la señora Manotas Monsalve aparentemente accedió a dádivas por $230 millones. Con Infobae