JEP pide cesar violencia en protestas y plantea «una reforma profunda de las Fuerzas Armadas»
Tras expresar su preocupación por la situación de violencia y de violaciones a los derechos humanos ocurridos en los últimos días en varias ciudades del país, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, hizo un llamado «para que, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, se promueva una reforma profunda de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano».
Además exhortó a la sociedad colombiana «a tomarse en serio el proceso transicional que inició con la firma del Acuerdo Final para la Paz, y que debe llevar a sustituir, y a exigir que se sustituya, la violencia por otras formas de resolución de los conflictos».
En una declaración escrita que publicó en su página web, la JEP se refirió a la situación de violencia y de violaciones a los derechos humanos ocurridos en los últimos días en particular en Bogotá, Cali, Medellín y Pasto y advirtió tácitamente que el país está ante la repetición del conflicto con estas manifestaciones.
Por ello planteó que «la protesta debe ser pacífica y la respuesta institucional a los esporádicos actos de violencia de parte de algunos manifestantes debe darse en el marco de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos, plenamente aplicable en Colombia».
Afirma que «las denuncias de diferentes entidades y organizaciones respecto al homicidio de decenas de ciudadanos, entre los que se cuentan quienes ejercían su legítimo derecho a la protesta; las informaciones sobre personas desaparecidas que la Defensoría del Pueblo reporta en un número de 88, en tanto otras organizaciones hablan de más de 170; los actos de violencia sexual también denunciados, muestran un cuadro intolerable de violaciones a los derechos humanos».
A esto se suman hechos de violencia en las manifestaciones–subraya–, que también inciden en el menoscabo de las libertades públicas de todas las personas y añade que «es imperiosa la realización inmediata de las investigaciones necesarias para que los responsables de estos hechos contrarios a la ley sean debidamente juzgados».
La JEP advierte que «el Estado colombiano y la fuerza pública tienen el deber de garantizar un contexto en el cual todas las personas puedan ejercer libremente sus derechos, incluido el derecho a protestar en contra de ese mismo Estado del cual hacen parte. Los ciudadanos, en cambio, deben poder movilizarse y formular reclamos, de manera pacífica y respetuosa del otro».
«Para la JEP, los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos son incompatibles con el Estado Social de Derecho y con el marco de obligaciones internacionales del Estado colombiano. Esperamos que prime la vida y se garantice un mejor futuro para todas y todos», concluye.