En $2.602 millones el daño patrimonial causado por Electricaribe a Valledupar, según Contraloría
Tras concluir una indagación preliminar donde se revisaron más de 56 millones de facturas, la Contraloría General de la República cuantificó en $216.894 millones de pesos el monto del daño patrimonial ocasionado por la Empresa Electricaribe al hacer uso indebido de recursos por este valor, que se le giraron para subsidiar a los usuarios con menores ingresos de la región.
En el caso de Valledupar, uno de los municipios más afectados, el daño patrimonial es de $2.602 millones al no aplicarles el subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social -FOES.
El informe también revela que para el Cesar el daño es de $12,883,597, afectando además de Valledupar a El Paso, Chiriguaná, Chimichagua y Astrea.
“Electricaribe incurrió en esta práctica durante seis años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017. La empresa no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social – FOES a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas”, dice la Contraloría.
Electricaribe realiza ajustes
A través de un comunicado, la empresa Electricaribe informó que desde la intervención por parte de la Superservicios se iniciaron los ajustes a los sistemas que aplican los subsidios FOES para los usuarios de las zonas especiales basados en la metodología indicada por la Contraloria General de la República y el Tribunal administrativo de la Guajira. El costo de la inversión para ajustar los sistemas que aplican los subsidios FOES fue de 242 millones de pesos y comenzaron a aplicarse a los usuarios a partir del 1 de septiembre de 2017.
Ahora nos encontramos en la etapa de los ajustes a los sistemas para hacer la devolución de lo dejado de asignar a los usuarios durante la intervención que corresponde a una cifra cercana a los $20 mil millones de pesos. Para ello se acordó con la Contraloría General de la República un plan de acción que concluiría a más tardar en el mes de junio de 2018.