Van 331 personas capturadas por bloqueos desde el inicio del Paro Nacional
Instituciones como la Dijín, la Fiscalía y la Contraloría advirtieron que este tipo de actos son considerados como un delito, cuando se acompañan de otras acciones como el cobro de peajes ilegales.
El director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia (Dijín), el general Fernando Murillo, reportó en la tarde de este sábado 22 de mayo que, desde el inicio del Paro Nacional el pasado 28 de abril, su dependencia ha capturado a 331 personas acusadas de montar falsos bloqueos para cobrarles peaje a los conductores de diferentes ciudades como Bucaramanga o Cali.
“La Policía Nacional a través de la Dijín viene desarrollando un trabajo importante de investigación criminal, de judicialización y de captura, especialmente a esas personas que bajo la fachada de la protesta y de las manifestaciones pacíficas ha diseñado una actividad criminal como son los peajes criminales”, advirtió el uniformado.
Se trata de grupos de personas que, encapuchados y con palos, cuerdas, cadenas y barreras improvisadas, se toman las vías para cobrar entre 12.000 y 14.000 pesos a cambio de dejar pasar a cada vehículo.
Para contrarrestarlos, informó el general Murillo, la Dijín ha venido creando grupos especiales de vigilancia en los lugares en los que se reportan bloqueos. Estos, se apoyan en cámaras y patrulleros para captar el momento en el que los falsos manifestantes reciben el dinero por parte de conductores incautos, para posteriormente proceder a capturar a los culpables.
“El día de ayer se capturan a cuatro personas adultas y a un menor que estaba siendo instrumentalizado para cobrarle dinero a las personas y dejarlas pasar, especialmente de la ciudad de Cali hacia el municipio de Dapa y Yumbo, Valle”, ejemplificó el oficial, agregando que también se han presentado casos en la vía que conecta a la capital de ese departamento con Palmira y en el centro de Bucaramanga, Santander.
Dicho esto, el director de la Dijín confirmó que “ya son 331 personas capturadas bajo esta modalidad, cometiendo este delito, donde se les está imputando primero el delito de obstrucción a vía pública, segundo perturbación al servicio de transporte público y tercero constreñimiento”.
Valga señalar que el primero de esos cargos acarrea una pena de cárcel de entre dos y cuatro años así como una multa de entre 13 y 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el Código Penal. El segundo escala a prisión por cuatro a ocho años e igual cantidad de dinero, mientras que el tercero puede terminar pagando entre 16 y 36 meses en centro penitenciario.
Al debate de la legitimidad de los bloqueos se sumaron este fin de semana la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República. En un comunicado conjunto, ambas instituciones señalaron que dicha acción es diametralmente diferente de la protesta pacífica, que sí es un derecho fundamental de todos los colombianos. La primera, observaron, violenta los derechos y produce daños irreparables a la población.
En ese sentido, advirtieron que “los bloqueos u obstrucciones en vía pública, cuando están acompañados de la utilización de medios ilícitos, son un delito y atentan contra los derechos humanos de toda la población colombiana; por lo tanto, los perpetradores e instigadores de estos pueden estar incursos en responsabilidad penal. Adicionalmente, si son funcionarios públicos podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales”.
Dicho esto, advirtieron que todos los actores del Estado colombiano deben actuar para proteger la Constitución y la ley colombiana, dándole sustento de esta forma a las capturas hechas por la Sijín, por ejemplo.
Otro que se ha pronunciado al respecto es el presidente de Colombia, Iván Duque, quien el pasado 21 de mayo sentenció en una entrevista que “claramente son un sabotaje a los derechos de todos los colombianos, una especie de secuestro donde se quieren cerrar las arterias del funcionamiento de una nación, y además son un delito en nuestro código penal, están rechazados en todo nuestro marco normativo y yo creo que afectan a la sociedad en general, indiscriminadamente y por lo tanto no es negociable esa vía de hecho, no es un asunto de concertar”.
Con Infobae