¿Qué quieren los jóvenes?
Por: Rafael Porto C.
Al de día de hoy se podría hablar del desencanto no de la política per se, sino más bien de la politiquería, esa que ejercen los mercaderes de la democracia. La sociedad y los jóvenes en particular exigen que la ética vuelva al poder y cesen los actos de corrupción.
Ahora bien, siguiendo la idea del profesor Marcos Rosado Garrido plasmada en su obra; El pensamiento ético y político de Aristóteles en la formación del ciudadano colombiano: “las instituciones son el reflejo del espíritu de los hombres que las conforman, esos hombres tienen el deber de conducirlas, deben proyectar todo su ser, sus cualidades y sus capacidades en ellas. Existen actores sociales que influyen en las instituciones, las cuales corrompen, y ello lleva a contagiar a las mismas instituciones y a la sociedad que las contiene”.
En ese orden de ideas, los jóvenes desean y exigen una nueva sociedad y la renovación de las instituciones existentes, pues ya no creen en las actuales, y mucho menos en quienes las manejan, lo cual es profundamente preocupante. Mientras los gobernantes no brinden buen ejemplo a la sociedad cumpliendo la ley, no podrán exigir de ésta que la cumpla.
En síntesis, es necesario la renovación de la política, y no precisamente me refiero a las personas –aunque también– sino a un cambio de valores y principios, es decir que hay que voltear la mirada al cultivo de: la justicia, el bien común, la solidaridad, la honestidad, etc.
Que la ética llegue al poder será parte de la salvación de Colombia. No es posible exigir un cambio en la sociedad si los encargados de dirigir los destinos de la Nación no promueven el cambio, son ellos quienes están llamados a ser modelos de conducta.
En Colombia se respira un aire de descontento y repudio por las élites políticas y económicas, pues el pueblo colombiano y los jóvenes reclaman: justicia social, igualdad, libertad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, mejor educación, mejores oportunidades, reducción de la pobreza, oportunidades laborales, mejores salarios, y sobretodo que haya PAZ.
No es posible que en una sociedad como la nuestra –supuestamente democrática–el que piense diferente sea estigmatizado y en ocasiones eliminado. En el disenso está la clave de la democracia. No en vano Norberto Bobbio, jurista italiano sobre el disenso decía que:
“… y por tanto debemos reconocer que en un sistema basado en el consenso no puede dejar de haber disenso, repito la pregunta ¿qué hacemos con las personas que disienten? ¿Las aniquilamos o las dejamos sobrevivir?, y si las dejamos sobrevivir, ¿las detenemos o las dejamos circular, las amordazamos o las dejamos hablar, las rechazamos como desaprobadas o las dejamos entre nosotros como ciudadanas libres”? (El futuro de la democracia).
Por otra parte, los jóvenes exigen que se le de un mejor manejo a la pandemia, que no se invierta más en guerra, pero sí en educación, que cesen las masacres a los líderes sociales, y sobretodo que se cumpla el acuerdo de paz, entre otras muchas exigencias.
Los jóvenes detestan la corrupción. He aquí unas píldoras para la memoria con algunos casos de corrupción que indignaron– y siguen indignando– a todos los colombianos.
- El Guavio: $ 15.000 millones de pesos.
- Foncolpuertos: $ 2,5 billones de pesos.
- Interbolsa: El descalabro de la comisionista de bolsa más grande del país les costó a miles de colombianos 600 mil millones de pesos.
- Carrusel de la contratación en Bogotá: $ 2,2 billones de pesos.
- Saludcoop: $ 1,4 billones de pesos.
- Odebrecht: pagó US$ 32,5 en sobornos a funcionarios y contratistas en Colombia.
- Desfalco a los recursos de la gobernación de Córdoba: $ 87.000 millones.
- Caso Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE): $ 30.000 millones de pesos.
- El sobrecosto de la obra se estima en $4.000 mil millones de dólares.
- Estraval y el lío de las libranzas. Un escándalo de préstamos y captadoras en el que se calcula una estafa por 1,5 billones de pesos.
- Agro Ingreso Seguro: $12,700 millones de pesos por la entrega de millonarios subsidios irregulares durante el ministerio de Andrés Felipe Arias.
- Empresa de Energía de Pereira: $64,700 millones.
- Transmilenio de la Calle 26: $156,000 millones.
- La vía Bogotá – Girardot: $170,800 millones.
- CAPRECOM: $559,500 millones.
- Fidupetrol: $ 500 millones. Víctor Pacheco fue el abogado de la empresa Fidupetrol, que entregó 500 millones a magistrados de la Corte Constitucional (Rodrigo Escobar, y Jorge Pretelt) para que le dictaran un fallo de tutela favorable.
¿Quién no se indigna con estas cifras? Si usted amigo lector no se indigna, es porque hace parte de la corrupción, o simplemente ha perdido el juicio.