Trasladado el exfiscal Gustavo Moreno a base militar

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) confirmó que el exfiscal anticorrupción se encuentra ahora en un centro de reclusión militar, ubicado en el Batallón de Artillería en Bogotá.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó este viernes, mediante un comunicado de prensa, que se realizó el traslado del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, de la cárcel La Modelo al centro de reclusión militar ubicado en el batallón de Artillería, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá.

De acuerdo con el Inpec, el traslado de Moreno Rivera se aprobó después de que la defensa del exfuncionario judicial alertara sobre posibles problemas de segudidad en La Modelo, lo cual fue acogido por el juez Tercero de Ejecución de Penas, quien emitió la orden de cambiarlo de centro penitenciario.

El instituto aseguró en su comunicado que la remisión se realizó “bajo los más estrictos portocolos de seguridad por parte de los Grupos Especiales (GROPE) a su nuevo sitio de reclusión”, donde deberá terminar de cumplir la condena de 58 meses por hechos relacionados con el ‘Cartel de la Toga’.

Ahora, Moreno está recluido en el mismo lugar que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo, detenido por el mismo escándalo.

El proceso volverá a avanzar gracias al principio de oportunidad con el que el otrora director anticorrupción sirve de testigo para la Fiscalía.

El traslado se presenta luego de que diversos sectores políticos, y hasta la mamá de Moreno, encendieran las alarmas sobre la seguridad del exfuncionario y expresaran temor de que fuera asesinado. En una primera instancia, la defensa del exfiscal había solicitado que no se le retuviera en La Modelo, argumentando que su vida podría correr peligro, al tener que compartir espacio con personas que él mismo procesó o ayudó a judicializar, tema que podría volver a surgir con este nuevo cambio.

El trato firmado por el exfuncionario y el ente investigador estipulaba que, a cambio de su colaboración, el primero cumpliría su condena en una guarnición militar o en el Centro de Estudios Superiores de la Policía – Cespo, condición que no se dio, luego de que el entonces director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, se opusiera, alegando que el último es un sitio académico, no penitenciario, a pesar de que allí hay varios privados de la libertad, como Roberto Prieto, Eduardo Zambrano o Piedad Zucardi.

La decisión de Atehortúa fue respaldada por el general Norberto Mujica, director del Inpec, quien aseguró que La Modelo cuenta con lo necesario para retener y asegurar el bienestar del hoy testigo de la Fiscalía.

Como respuesta, los abogados del exfuncionario elevaron una tutela que llegó a estudio del Juzgado 18 penal de conocimiento de Bogotá, tras el regreso a funciones de los profesionales de la rama judicial, que estaban en descanso desde el pasado 19 de diciembre de 2020.

La situación escaló hasta un posible intento de envenenamiento a través de la comida, que desató una nueva investigación. Lo que parece haber funcionado a favor de Moreno es la carta enviada por la Procuraduría General de la Nación al mencionado Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, que había firmado su encarcelamiento en La Modelo.

Para el Ministerio Público, según la misiva, “se trata de un sentenciado a quien se deben brindar todas las garantías a fin de que continúe prestando su colaboración a la justicia en el marco de un fenómeno criminal que debe ser investigado y juzgado en su integridad”.

De fiscal anticorrupción a corrupto

El abogado Luis Gustavo Moreno desarrolló una exitosa carrera que lo llevó a ser director nacional anticorrupción en la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, fue capturado en Bogotá el 27 de junio de 2017 por su participación en un entramado de corrupción en el que se vieron envueltos magistrados de las altas cortes, en un escándalo que se conoce como “El cartel de la toga”.

Abogados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la ayuda del exfiscal Moreno, alteraron desaparecieron, desviaron o dilataron procesos, en los que estaban vinculados, principalmente, reconocidos políticos, entre los que se encontraba el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

Tras escapar a Miami, Lyons se convirtió en informante de la DEA y realizó una serie de grabaciones secretas en las cuales el exfiscal Moreno le pedía una gruesa suma de dinero para ayudarlo en su caso.

Con base en esas grabaciones y otras pruebas la Fiscalía ordenó la captura de Moreno, acusado de recibir dinero para cometer un delito; tras su detención fue extraditado el 17 de mayo de 2018 a los Estados Unidos, donde fue vinculado a un proceso por lavado de activos.

Antes de su extradición, el abogado firmó un principio de oportunidad y delató a 26 personas que estarían vinculadas con el Cartel de la Toga (la gran mayoría de ellos abogados, magistrados y excongresistas).

En diciembre de 2020, tras pagar una condena de 48 meses de prisión por lavado de activos, Moreno fue deportado de nuevo a Colombia, donde tendrá que purgar una pena de cuatro años y 10 meses, pero debe aportar información sobre magistrados, congresistas, fiscales y altos funcionarios involucrados en los casos de corrupción.