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Economía

Reforma Tributaria pondría en riesgo la viabilidad de los proyectos mineros

Preocupación reina en los municipios de la zona minera del Cesar y en Ciénaga, Magdalena, por las propuestas contenidas en el proyecto de Reforma Tributaria que el Gobierno Nacional radicó el 8 de agosto ante el Congreso de la República, ya que pondría en serias dificultades la viabilidad económica, social, la estabilidad y paz de los territorios. La preocupación radica en no obtener ingresos de la minería, con los cuales se pueden atender las necesidades de las comunidades.

Al respecto, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, manifestó que tal como está presentado el Proyecto de Reforma se estima que tendrá un impacto más que significativo, elevando la participación estatal en los proyectos mineros de 68%, cifra actual que ya es suficientemente alta, hasta un 90% cifra que hace poco atractivo el sector.

Esto no solo afecta los proyectos en ejecución, sino que además elimina el atractivo para atraer inversiones que permitan descubrir y desarrollar los minerales que se requieren para la transición energética y otros temas estratégicos para el país.

Otros países de la región no solo tienen menores tarifas en renta y regalías sino que por supuesto permiten la deducibilidad de las regalías y no existen impuesto a las exportaciones. Esta propuesta tan sui generis además es cuestionada por la OCDE en su informe sobre la reforma tributaria quien recomienda hacer un análisis detallado del espacio fiscal que tiene el sector para seguir subiendo impuestos. A nuestro juicio, el sector ya se encuentra suficientemente gravado.

Al ser consultado sobre los impuestos a las exportaciones de oro y carbón, no deducibilidad de las regalías y el impuesto al carbono, que derivarían de la propuesta de la Reforma Tributaria, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, explicó que la combinación de los dos primeros suma un incremento de 22 puntos en la participación estatal de 68% a 90%. ¿Esto qué significa? Que si un proyecto genera unas utilidades (antes de todos los impuestos y contribuciones) de 100 pesos, el Estado estaría capturando 90 pesos y el privado se queda con 10 pesos, después de hacer todas las inversiones y asumir todos los riesgos en el desarrollo de un proyecto.

“Respecto al impuesto al carbono, nuestra preocupación se encuentra principalmente en el efecto inflacionario que este pueda tener en los hogares, pues tal como está planteado incrementa los costos de producción que se terminarán de ver reflejados en un incremento en los costos de la energía, de los materiales para la construcción y de otros productos industriales que utilizan el carbón como un elemento fundamental para la generación de energía.”.

Considera que es necesario transitar a una tarifa que reconozca los distintos esfuerzos que las empresas hacen para reducir emisiones y que permita unos tiempos de transición más acordes a la realidad de las inversiones en eficiencia energética

Sobre si esta propuesta sería el final de la actividad minera en el Cesar y Magdalena, el funcionario destacó que dependerá del nivel de precios, de la invasión Rusa a Ucrania y del contexto geopolítico en el que se mueva el mundo en los próximos años.

“Lo cierto es que si no es el fin, seguro sí afectará las inversiones sociales, las ambientales y el empleo pues están obligando a las empresas a reducir sus costos de producción a toda costa para sobrevivir”, explicó.

Así las cosas, la reforma tendría principalmente los siguientes efectos:

    • – Desincentivo para la exploración de nuevos minerales, necesarios para la transición energética.
    • – Afectación del empleo y encadenamientos productivos que genera la industria.
    • – Afectación de las contribuciones ambientales. En el año 2020 fueron de $320.828 millones.
    • – Afectación de las inversiones sociales. En el año 2020 fueron de 165.717 mil millones.
    • –  Afectación del recaudo de mediano plazo.
    • – Afectación de procesos de formalización e incentivo a la ilegalidad y el contrabando, que no genera recursos ni participación para el Estado y causa contaminación desenfrenada.
    • – Afectación del desarrollo empresarial en los territorios: Encadenamientos – Reindustrialización. Año 2019 14 billones de pesos en compras de bienes y servicios.
    • – Genera efecto inflacionario (bienes asociados a la construcción y la energía)

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