77 familias campesinas de Valledupar denuncian amenazas e intimidaciones
La tranquilidad de 77 familias campesinas asentadas en la finca La Alquería, en zona rural de Valledupar, se encuentra amenazada. Los beneficiarios de este predio, entregado por el Estado hace aproximadamente seis meses, denunciaron intimidaciones, presiones y actos de hostigamiento que, según afirman, buscan obligarlos a abandonar las tierras.
La denuncia fue expuesta por representantes de organizaciones campesinas y de mujeres rurales, quienes aseguran que las amenazas están dirigidas tanto contra las familias como contra sus líderes, en medio de la incertidumbre por la permanencia en el terreno.
Salvador Lara Hernández, vocero de la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar, relató que las intimidaciones han llegado a situaciones preocupantes. Según su testimonio, al dirigente de la organización le hicieron llegar bolsas mortuorias a la vivienda de sus hijas.
La finca La Alquería tiene una extensión de 466 hectáreas y su entrega hizo parte del proceso de reforma agraria impulsado por el Gobierno anterior, en el marco de los compromisos derivados del acuerdo de paz de 2016.
El predio también tiene antecedentes relacionados con Hugues Rodríguez, antiguo jefe paramilitar que se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos, según lo señalado por el senador Iván Cepeda.
Mayelis Mendoza, fiscal de la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas, manifestó que personas a quienes identifican como trabajadores de los antiguos ocupantes les advierten que no deben sembrar ni invertir en las parcelas, bajo el argumento de que las tierras todavía pertenecen a Rodríguez y tendrán que ser devueltas.
La dirigente también denunció que estas personas estarían cortando los alambres que delimitan los terrenos, situación que facilita el ingreso de ganado y ocasiona daños en los cultivos de maíz, yuca, patilla, caña y plátano.
Por su parte, Fabián Carrillo, director ejecutivo de la misma asociación, aseguró que han recibido mensajes en los que les advierten que no trabajen ni inviertan recursos en las tierras porque podrían perder sus cosechas si el predio regresa a manos de su antiguo propietario.
«No queremos que un predio que fue entregado para resarcir a las víctimas vuelva nuevamente a manos de los victimarios», expresó Carrillo.
La preocupación de las familias contrasta con las expectativas que generó la adjudicación del terreno, realizada en mayo pasado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, después de más de una década de reclamaciones.
Para los campesinos, recibir La Alquería representaba la posibilidad de trabajar sus propias parcelas, producir alimentos y construir condiciones de vida dignas para sus hogares. Sin embargo, las intimidaciones denunciadas han puesto en riesgo esa expectativa.
Los representantes de las organizaciones campesinas advierten que el temor está afectando las actividades productivas y la tranquilidad de quienes llegaron al predio con la esperanza de contar con tierra propia.