Reducirle la protección a políticos y dársela a los líderes sociales plantea candidato al Senado
Desde el Congreso de la República se impulsará una propuesta encaminada a brindar seguridad a los líderes sociales, debido a las amenazas y asesinatos de los mismos en varias regiones del país. La idea viene por parte de Carlos Rojano, senador del liberalismo.
Se trata de un proyecto para reestructurar la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de que los líderes puedan tener más seguridad. Dicha reforma se está trabajando para presentarla el próximo 20 de julio, fecha en la que tomará posesión el nuevo Congreso de la República.
Rojano pretende reducir los esquemas de seguridad de funcionarios del Estado y congresistas, al considerar que muchos no tienen un nivel de riesgo extraordinario, para posteriormente entregárselos a los líderes sociales y comunales que a diario deben enfrentar peligros en algunas zonas del territorio colombiano.
“Como senador de la República no ahorraré esfuerzos orientados para garantizar la vida de los colombianos. La Unidad Nacional de Protección debe ser reorientada, reestructurada para que misión beneficie realmente a quienes encuentran en situación de riesgo, que son los líderes sociales”, indicó Carlos Rojano.
Cabe resaltar que, la seguridad de estas personalidades (funcionarios, congresistas, magistrados, alcaldes, gobernadores y centenares de exfuncionario y desmovilizados) corre por cuenta de la Unidad Nacional de Protección, la cual tiene un presupuesto de más de 400 mil millones de pesos al año para este propósito.
El senador comentó de igual manera que el tema será complejo de tramitarlo porque varios personajes entre ellos algunos congresistas, que no tienen un estudio de seguridad complejo, insisten en tener escoltas sin importar que esto represente un alto costo para el erario. Adicional, debe adelantar un estudio que permita identificar si algunas de las víctimas de hechos violentos también debían tener mayor seguridad.
“Quitarle esquemas a personajes que hacen parte del sector oficial. Aquellos que tengan el mínimo riesgo y hagan parte del sector oficial, desmontar su esquema de seguridad porque se deben utilizar en quienes de verdad lo necesitan y tienen grandes riesgos de seguridad. Debemos proteger a las víctimas de la violencia”, confirmó Rojano.
El aspirante al Senado estima que con este cambio en el funcionamiento de la UNP, el Estado ahorraría al menos 50% en los esquemas que están asignados para funcionarios. “Estas discusiones nunca han salido adelante en el Congreso, pero ya varios sectores han expresado su respaldo a este tipo de iniciativas”, concluyó.
En una entrevista realizada por Semana, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo manifestó que este tipo de propuestas son buenas para el país y también promoverá una reducción de esquemas de seguridad para los integrantes del Congreso de la República. Sin embargo, su propuesta lanzó antes de declinar su aspiración presidencial y se desconoce si algún integrante de la Coalición Centro Esperanza asumirá esas banderas.
En el caso del Congreso, el alquiler mensual de cada camioneta está alrededor de los $11.000.000 de pesos y se debe prestar el servicio para los 280 congresistas.
Actualmente el único congresista que devolvió su esquema de seguridad por decisión propia fue el representante a la Cámara David Racero, quien ha insistido en que la mayoría de sus colegas no necesitan camionetas blindadas y policías para su cuidado.
En los últimos días, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepz) reveló que ya serían 25 líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en lo corrido de este año 2022. Con Infobae