Procuraduría suspende al gerente del Hospital de Tamalameque
La Procuraduría Provincial de Instrucción de El Banco, Magdalena, ordenó la suspensión provisional por tres meses del gerente de la E.S.E. Hospital Tamalameque, Juan Carlos Salazar Zabaleta, dentro de una investigación disciplinaria relacionada con presuntas irregularidades en el reconocimiento y pago de derechos laborales a funcionarios de la institución.
La decisión fue adoptada mediante auto fechado el 10 de junio de 2026, luego de una indagación preliminar originada por denuncias presentadas ante la Personería Municipal de Tamalameque, en las que se advertía sobre posibles incumplimientos en el pago de auxilios de transporte y primas a trabajadores de la entidad hospitalaria.
Según la investigación, varios servidores públicos manifestaron que dejaron de recibir el auxilio de transporte desde 2024, situación que habría continuado durante 2025. Asimismo, algunos empleados reportaron retrasos en el reconocimiento de prestaciones laborales correspondientes a la vigencia anterior.
Durante el proceso, la Procuraduría recopiló información documental y financiera que evidenciaría la ausencia de pagos por concepto de auxilio de transporte durante varios periodos. Aunque el hospital comenzó a realizar desembolsos parciales de este beneficio en los primeros meses de 2026, persisten interrogantes sobre obligaciones pendientes de años anteriores.
El organismo de control señaló que la medida cautelar busca garantizar el normal desarrollo de la investigación y evitar que continúen presentándose posibles afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores mientras se determina la eventual responsabilidad disciplinaria del funcionario.
Como parte de la decisión, la Procuraduría solicitó al alcalde de Tamalameque adelantar las acciones administrativas necesarias para designar un gerente encargado durante el tiempo que permanezca vigente la suspensión.
La investigación continuará en etapa disciplinaria, periodo en el que serán evaluadas las pruebas recopiladas y los argumentos de defensa del funcionario, antes de que se adopte una decisión definitiva sobre el caso.