Procuraduría pide a Gobernación de Magdalena claridad frente a contratos del PAE para 2023
La Procuraduría General de la Nación, en la vigencia preventiva al Programa de Alimentación Escolar PAE, y con el fin de anticiparse a la ocurrencia de los hecho que afecten los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, instó a la Gobernación de Magdalena a remitir las respuestas de las observaciones realizadas frente a los procesos contractuales que adelanta el ente para la ejecución del programa de alimentación en 2023.
En la solicitud enviada a la Secretaría General de Gobierno y al jefe de la Oficina PAE de la Gobernación de Magdalena, el ente de control pide sean respondidas las observaciones contractuales referidas, en las que se requiere información sobre la experiencia de los oferentes, los perfiles de los coordinadores, los indicadores financieros, cronogramas de ejecución, la gestión ambiental, la logística de almacenamiento y transporte, entre otros.
El ente de control reiteró que la ejecución del Programa de Alimentación Escolar debe ser garantizada desde el primer día de clases de manera oportuna y de calidad durante todo el calendario académico del próximo año y en todo el territorio nacional, exhortando a gobernadores y alcaldes a actuar de acuerdo con la Directiva No. 019 del primero de noviembre de 2022 expedida por la Procuraduría General de la Nación.
El Ministerio público insistió en que continuará avanzando con las acciones preventivas correspondientes en la garantía del cumplimiento de derechos consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, relacionadas con la educación y la alimentación equilibrada de la población beneficiada.
A través de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva y de Control de Gestión, la entidad precisó que, las observaciones realizadas a los entes territoriales se realizan en el marco de su función preventiva, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública.
Lo que, según el Ministerio Público, no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas.
En agosto de 2022, la queja por parte de niños, padres de familia, madres comunitarias e incluso, las mismas autoridades, en cuanto a los problemas y el incumplimiento del Plan de Alimentación Escolar llevó a la Federación Nacional de Departamentos a solicitar que el Instituto Colombiano de bienestar Familiar ICBF, retome el control del programa y de las ayudas para la alimentación de los niños, niñas y adolescentes en el país.
Casos como la distribución de carne equina, carne descompuesta o que por irregularidades en la contratación, cientos de miles de menores se queden sin la cobertura de estas ayudas, como por ejemplo sucedió en Quindío, donde la Unión Temporal Sinergia 2022 decidió desestimar la prórroga de la ejecución del PAE en el departamento, llevaron al gobernador del departamento del Eje Cafetero a pedir acciones al presidente Gustavo Petro para el manejo del programa en el país.
En ese momento, el gobernador Roberto Jairo Jaramillo, a través de la Federación Nacional de Departamentos, comentó que: “tenemos mil dificultades, de hecho, yo soy vocero de la Federación Nacional de Departamentos y la estamos solicitando el gobierno nacional que el PAE lo maneje directamente Bienestar Familiar, no lo deben manejar las gobernaciones porque las secretarías son de vocación de educación, no de alimentación”.
Es muy triste para uno como gobernante ver el tema del PAE, es una de las grandes decepciones que uno tiene como gobernador, pues se ha hecho todo lo legal, todo lo que se debe hacer y finalmente los afectados son los niños ante cualquier situación”, aseguró el gobernador en diálogo con Caracol Radio. Con Infobae