Procuraduría formula cargos a exgobernador de Guajira por irregulares contratos por $54 mil millones del PAE
El exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, deberá responder en un proceso disciplinario abierto por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la suscripción de dos contratos del Plan de Alimentación Escolar, PAE, por más de $54.000 millones de pesos.
El ministerio público le formuló el respectivo pliego de cargos al exmandatario por la suscripción de los negocios jurídicos 503 de 2014 y 194 de 2015, sin contar con los estudios previos suficientes que analizaran a través de estudios de mercado, el valor de las raciones que requería le fueran provistas al departamento para atender el PAE.
La Procuraduría indicó que de acuerdo con la información que reposa en el expediente, el contrato 503 de 2014 fue suscrito por el investigado con el Consorcio Alimentemos Juntos por un valor de $16.470.021.050.00 con duración de 50 días.
Para esta vigencia, y según informe remitido por la Contraloría General, el departamento acordó un pago de $1.704 por complemento alimentario desayuno y $2.147 almuerzo, cuando para el mismo año el Ministerio de Educación estableció como valor unitario $943 para desayuno y 1.282 para almuerzo.
Para el caso del contrato 194 del 19 de marzo de 2015, firmado con el Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira por $37.910 millones para 125 días, se estableció un pago de $1.759 por desayuno y $2.097 por almuerzo, cuando el MEN determinó el valor de $971 y 1.320 respectivamente.
Para el órgano de control, al parecer, el exfuncionario, electo desde el 4 de junio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, no garantizó la observancia de los principios de economía, planeación y responsabilidad de la actividad contractual, toda vez que suscribió el negocio jurídico sin introducir un elemento de análisis serio, racional y objetivo que le permitiera justificar el pago de un mayor valor para las raciones, a diferencia de los precios fijados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para los años 2014 y 2015.
La Procuraduría calificó de manera provisional la falta del disciplinado como gravísima a título de culpa gravísima.
EL PAE EN VICHADA
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a 10 diputados de la Asamblea de Vichada, por presuntas irregularidades en la aprobación de una ordenanza que exoneró del pago de los impuestos territoriales de estampilla a los contratistas del PAE en el departamento.
De acuerdo con la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Regional de Vichada, los funcionarios exoneraron el cobro de las estampillas Pro-desarrollo Fronterizo, Pro-desarrollo Departamental, Pro-cultura y Pro-bienestar del Anciano para el año 2017, con lo que afectaron, presuntamente, la atención brindada a los adultos mayores del departamento.
Para el Ministerio Público, los diputados desconocieron, aparentemente, la obligación de garantizar el recaudo de esos recursos, a pesar de las restricciones legales existentes que buscan la protección del adulto mayor en el país.
La Procuraduría señaló que con la aprobación de la ordenanza habrían aplicado condiciones discriminatorias frente a un grupo poblacional, con lo que vulneraron, aparentemente, las normas que rigen la administración de recursos y afectado los principios de igualdad y proporcionalidad.
Por esos hechos el Ministerio Público calificó la aparente conducta de los diputados como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.
Los diputados afectados por el pliego de cargos son: William Efrén Azabache Araca, Andrés Fernando Duque Cárdenas, Aleida Forero Fernández, Sirelda Janeth López Fernández, Luis Alejandro Gaitán, Fredy Naranjo Gaitán, Libardo Rincón Gaitán, Éder Yesid Ríos Cudemus, José Aureliano Rodríguez Catimay y Kennedy Sánchez Godoy.