Presuntos hechos de corrupción de la alcaldía de Daniel Quintero seguirían impunes

En los últimos meses, Medellín se ha convertido en el epicentro de casos sobre presunta corrupción que se habrían orquestado durante la administración de Daniel Quintero desde varias entidades, lo que ha puesto en el ojo de la opinión pública la Alcaldía de la ciudad.

Aunque algunos casos han logrado avanzar en los estrados e imputar a varios funcionarios, otros seguirían en el olvido, según denunció el concejal Alfredo Ramos.

Uno de los ejemplos de la efectividad de las autoridades sería que la Fiscalía ha imputado a siete exfuncionarios y a seis megacontratistas de la Alcaldía por supuesta corrupción en Metroparques, la secretaría de Infraestructura y el Área Metropolitana, o que la Procuraduría ha sancionado a la exsecretaria de Educación por irregularidades en el programa Buen Comienzo. Sin embargo, existen otras denuncias que hasta ahora han quedado en la sombra.

Uno de los casos que ha pasado desapercibido involucra la Clínica Saludcoop de la 80, donde la Alcaldía, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), destinó más de $16.000 millones para adecuaciones. El contrato, que inicialmente tenía un presupuesto de $7.000 millones, se incrementó en un 130% en menos de un mes. Además, se entregó a un privado que, según las denuncias, carecía de la idoneidad para llevar a cabo las mejoras prometidas, incluyendo la instalación de 170 camas UCI que nunca se materializaron.

Otro caso que llama la atención es el relacionado con el Dagrd, donde se firmaron contratos bajo la modalidad de urgencia manifiesta para abordar emergencias climáticas. Sin embargo, la contratación se realizó con dos consorcios del Chocó sin experiencia en la ciudad. Sorprendentemente, uno de los consorcios fue creado apenas una semana antes de recibir el contrato de $5.000 millones.

Según indicó el concejal, la gestión de Telemedellín también está bajo escrutinio debido a contratos de pauta publicitaria con medios digitales que se destaparon en 2022. Ramos señaló que fue al menos un centenar de contratos firmados desde el canal público de Medellín para reproducir pauta de la Alcaldía.

Las irregularidades en este caso radicarían en que varios de esos medios se encontraban inactivos y otro tanto solo tenían un mínimo alcance de audiencia, sin contar con que algunos tenían visibilidad en otras zonas del país como Cali e Ibagué. Además, en los nombres de los firmantes aparecerían algunos miembros del Pacto Histórico y del partido Independientes, la colectividad del exalcalde Quintero.

Dichos contratos irregulares ya llevarían un año en manos de las autoridades sin que se avance en el proceso y se esclarezca las circunstancias en las que se celebraron dichas alianzas publicitarias con diferentes medios digitales.

Además, existiría otro caso relacionado con la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín (ESU), que modificó sus procesos de proveedores en 2021, aparentemente para direccionar los contratos. La ESU redujo el número de proveedores de seguridad de 13 a solo cinco, imponiendo requisitos como que el representante legal debía tener al menos 13 años en la empresa para beneficiar a algunos contratistas.

Entre los casos que siguen sin ser investigados también se encontraría la compra de oficinas sin escrituras y con precios por encima del avalúo catastral por parte del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed); desvío de los dineros de arrendamiento de los locales del Distrito en el bloque mayorista y hasta un contrato para la alimentación en los campamentos de Hidroituango harían parte de los procesos que continúan sin avances.

Estos ejemplos serían solo la punta del iceberg, ya que existen decenas de denuncias que no han sido objeto de investigaciones exhaustivas. El concejal Alfredo Ramos, que ha presentado 25 denuncias de corrupción durante este cuatrienio, ha criticado la aparente inacción de la Personería Distrital y la Contraloría, a las que ha calificado como “cómplices de la corrupción de Medellín”. Con Infobae