Petro aseguró que nunca autorizó coimas en caso de corrupción de la Ungrd
El presidente Gustavo Petro negó categóricamente cualquier implicación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y, por supuesto, en supuestas coimas.
En su declaración, el primer dignatario afirmó no haber dado instrucciones que no fueran constitucionales a sus funcionarios para ofrecer sobornos a los congresistas investigados, Iván Name y Andrés Calle, con el fin de promover reformas sociales, según divulgó La FM. de RCN, que le practicó un cuestionario al jefe de Estado.
“Yo no, y frente a los funcionarios de mi gobierno, mi conocimiento estará determinado en los que definan las autoridades competentes; mis instrucciones fueron enfáticas, y siempre en el marco de la Constitución”, fue la defensa de Gustavo Petro.
Por su parte, el caso avanza y la Corte Suprema de Justicia ya citó a estos congresistas a indagatorias, programadas para el 25 y 27 de noviembre, como parte de la investigación en curso.
Según publicó el medio, el presidente Petro también destacó que Iván Name, expresidente del Senado, en contraposición a las acusaciones, se opuso a las reformas del Gobierno nacional, y lo acusó de haber “orquestado demoras” en el trámite legislativo y de dificultar el desarrollo de los debates.
Esta oposición, según Petro, habría sido un obstáculo contundente para las reformas propuestas por su administración.
En su respuesta al magistrado Francisco Farfán, encargado del Tribunal Supremo de hacer las investigaciones a los funcionarios legislativos, el presidente aclaró que, incluso, no mantiene una “amistad íntima” con el exdirector del Departamento de Inteligencia, Carlos Ramón González, que fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia, hasta que fue acusado por Olmedo López de haber gestionado repartición de coimas y contratos a congresistas para hacerles fuerza a las reformas de Petro, como informó La Silla Vacía. Afirmó que su relación se limita a una conexión política derivada de su militancia conjunta en el M-19.
“La relación propia a una persona que conozco de muchos años atrás y con quien por espacios de tiempo he mantenido una relación política cercana”, fueron las palabras del jefe de Estado en la respuesta al cuestionario.
Además, el mandatario expresó desconocer la existencia de un supuesto “cónclave” mencionado por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, en sus declaraciones ante la Sala de Instrucción. Petro enfatizó que López “deberá responder ante la justicia” por sus actos y declaraciones, pero dejó claro su desconocimiento personal sobre el asunto. Insistió en que, incluso “lo he dicho públicamente”.
Este documento referido por La FM., que forma parte de las pruebas recopiladas por la Corte Suprema, ha sido fundamental para avanzar en la investigación y determinar la citación a indagatoria de los congresistas involucrados.
La Procuraduría también investiga a funcionarios por presunta celebración indebida de contratos
La Procuraduría General de la Nación comunicó el 19 de noviembre de 2024 que inició una investigación preliminar contra funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo (Ungrd) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por aparentes irregularidades en la modificación de un convenio bilateral.
Según informes, se habrían realizado cambios en un acuerdo existente con el objetivo de reducir su valor en 100 mil millones de pesos y redistribuir los recursos restantes.
La Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría señaló que, de acuerdo con denuncias de medios de comunicación, estas modificaciones podrían haber sido parte de un esquema para desviar fondos.
La investigación busca esclarecer las relaciones contractuales entre exdirectivos de la Ungrd como Olmedo López y Sneyder Pinilla, y el funcionario Luis Barreto, quienes habrían colaborado con otros servidores para gestionar sobornos y anticipos necesarios para llevar a cabo estas acciones irregulares.
El Ministerio Público está enfocado en identificar a los posibles responsables, determinar si las acciones constituyen una falta disciplinaria y establecer si los implicados actuaron bajo alguna causal que excluya su responsabilidad. Se estima que lo acordado entre los involucrados en la gestión de los convenios podría representar un 7% del total de los montos destinados al convenio, lo que sugiere la existencia de pagos ilícitos.
Este caso pone en el centro de atención la transparencia y la gestión de recursos públicos en Colombia, y la Procuraduría busca asegurar que se tomen las medidas necesarias para sancionar cualquier conducta indebida. La investigación continúa en curso para determinar el alcance completo de las irregularidades y las responsabilidades individuales de los funcionarios implicados. Con Infobae