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Judicial

Operativo contra el sacrificio ilegal de cerdos en Valledupar: tres detenidos y 3,4 toneladas de carne incautada

La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, junto con unidades de la SIPOL, el Ejército Nacional, peritos del INVIMA y bajo la coordinación de la Fiscalía 14 Seccional de Valledupar, llevaron a cabo un operativo de gran impacto contra el sacrificio ilegal de porcinos, que puso en riesgo la salud pública de los habitantes de Valledupar y municipios aledaños.

La investigación, desarrollada a lo largo de varios meses, descubrió que un grupo de personas estaba sacrificando animales sin cumplir con las condiciones sanitarias necesarias en el barrio Villa Castro, específicamente en la parcela Choncholandia. Este sacrificio clandestino, que llevaba más de cinco años operando sin ningún tipo de control sanitario, ponía en peligro la seguridad alimentaria de miles de consumidores.

El operativo culminó con una orden de allanamiento y registro en el lugar, lo que resultó en la captura de tres individuos, identificados como Carlos Quintero (22 años), Francisco Quintero (38 años) y Neil Rodríguez (37 años). Los detenidos fueron notificados sobre los cargos de corrupción de alimentos y, posteriormente, trasladados a la URI para su disposición ante la autoridad competente.

Durante la operación, las autoridades incautaron más de 3,4 toneladas de carne procesada ilegalmente, la cual no era apta para el consumo humano debido a las condiciones insalubres en las que fue procesada. Además, se constató la falta de equipos adecuados de insensibilización, violando la normativa de bienestar animal y sacrificio humanitario.

Se estima que este grupo sacrificaba aproximadamente 150 porcinos semanales, generando ingresos ilícitos cercanos a los 150 millones de pesos mensuales. Además de violar la legislación sanitaria, estas prácticas irresponsables también ocasionaban graves daños al medio ambiente debido al manejo inadecuado de los desechos generados por la actividad.

Los delitos cometidos incluyen la corrupción de alimentos (Artículo 372 del Código Penal), maltrato animal (Artículo 339A) y contaminación ambiental (Artículo 334A), conductas que afectan gravemente la salud pública y el bienestar de la comunidad. Este operativo resalta el compromiso de las autoridades para combatir prácticas ilegales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el entorno.

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