ONU y ACNUR recaban sobre amenazas, asesinatos de líderes sociales y defensores de DH

Un llamado urgente a las instituciones del Estado colombiano, a nivel local y nacional, hicieron la ONU y ACNUR “para que garanticen la vida e integridad de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de organizaciones comunitarias para que puedan ejercer el legítimo derecho a su actividad de defensa y protección de los derechos humanos”.

El pronunciamiento lo hicieron la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Derechos Humanos, tras lamentar y condenar el asesinato de Carlos Jimmy Prado Gallardo, líder y defensor de derechos humanos y directivo de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-Territoriales de Nariño, ASOCOETNAR, ocurrido el pasado 2 de junio en el municipio Olaya Herrera, departamento de Nariño.

“Una vez más registramos las graves consecuencias de un contexto de amenazas y falta de garantías para líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de organizaciones comunitarias en diversas regiones del país, siendo Nariño uno de los departamentos más afectados”, afirma la declaración publicada en la web de la ONU.

ACNUR y el alto comisionado para los Derechos Humanos indican al gobierno colombiano que es urgente fortalecer la capacidad de respuesta local para la atención de la población desplazada, así como implementar la política de prevención a violaciones a los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad de personas, grupos y comunidades, incluyendo los esquemas de protección individual y colectiva de la UNP, la Comisión Intersectorial de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y la implementación de las recomendaciones hechas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en sus Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento para Nariño.

Advierten que las comunidades que habitan el departamento de Nariño han visto vulnerados sus derechos ante el aumento de homicidios selectivos, amenazas e intimidación contra sus líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, la persistencia de los desplazamientos forzados, el confinamiento y/o limitaciones a la movilidad de sus comunidades, por combates y hostigamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, en la disputa que éstos sostienen por retomar el control de corredores estratégicos dejados por las FARC; asimismo persisten los incidentes y accidentes relacionados con minas antipersonal (MAP).

Destacan que numerosos han sido los llamados de organizaciones étnico-territoriales tanto afro como indígenas (Awá y Eperara Siapidara) frente a esta situación, sin que hasta el momento la respuesta de las instituciones a nivel local, regional y nacional haya tenido el impacto esperado frente a la mitigación de los riesgos y la atención de las emergencias de desplazamiento que se han presentado.

“ACNUR y ONU Derechos Humanos hacemos un llamado urgente a las instituciones del Estado, a nivel local y nacional, para que garanticen la vida e integridad de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de organizaciones comunitarias para que puedan ejercer el legítimo derecho a su actividad de defensa y protección de los derechos humanos”, señala la declaración y agrega:

“Instamos a las instituciones y programas del Estado a hacer presencia permanente en los territorios de más difícil acceso para garantizar la protección para la población civil, tal y como se reitera en el Auto 620 de noviembre de 2017 a través del cual la Corte Constitucional adopta medidas provisionales urgentes para la protección de la población afro-descendiente e indígena de la Costa Nariñense.

Es urgente fortalecer la capacidad de respuesta local para la atención de la población desplazada, así como implementar la política de prevención a violaciones a los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad de personas, grupos y comunidades, incluyendo los esquemas de protección individual y colectiva de la UNP, la Comisión Intersectorial de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y la implementación de las recomendaciones hechas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en sus Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento para Nariño.

De igual manera, hacemos un llamado para que sean atendidas las necesidades humanitarias y la restitución de los derechos de la población del departamento de Nariño, garantizando su derecho al territorio y al ejercicio de su autonomía como pueblos indígenas y afro-descendientes.

ACNUR y ONU Derechos Humanos seguirán acompañando las comunidades y velando por la protección de sus derechos, así como asesorando a las autoridades municipales y nacionales en esta labor, concluye el pronunciamiento.