Ministro de Defensa criticó el anuncio del fiscal de cerrar oficina en Antioquia

El ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, hizo un duro cuestionamiento en contra del fiscal General, Francisco Barbosa, por cerrar la sede de la Fiscalía en Tarazá, Antioquia, donde tres funcionarios de la entidad fueron secuestrados por el Clan del Golfo. Según indicó Velásquez, el fiscal debió haber pedido a las Fuerzas Militares las condiciones de seguridad para mantener a la Fiscalía en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño antes de tomar esa decisión.

“Me parece una decisión apresurada del Fiscal General cerrar la Fiscalía de Tarazá cuando no ha pedido, ni siquiera, ni lo hizo de manera inmediata, a las Fuerzas Armadas, la seguridad para que se mantuviera la Fiscalía en ese municipio. Me parece que era la manera más adecuada”, expresó.

De todas formas, reconoció que hubo un error por parte de la fuerza pública en ese lugar, pero reiteró que el fiscal debía “asegurarse con las fuerzas armadas”. “Ocurrió un hecho sorpresivo, reprochable, que también para las Fuerzas Armadas resulta muy muy cuestionable, pero producido ese hecho, creo que la solución no era el retiro de los fiscales, sino asegurarse con las fuerzas armadas que son la garantía también de seguridad de nuestra nación”, manifestó.

Es de recordar que la Fiscalía denunció presuntos hechos irregulares por parte del Ejército y la Policía que habrían facilitado el secuestro de los funcionarios en esa región del país, razón por la cual la Procuraduría anunció la apertura de una investigación.

De acuerdo con lo denunciado con el fiscal, a los funcionarios secuestrados “los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”.

Al respecto, el ministro aseguró que: “Los fiscales fueron montados a unos vehículos que transitaron, sin que hubiera ninguna observación o posibilidad de observación desde el exterior que se estuviera produciendo un secuestro. Que los fiscales digan que pasaron por tres puestos del Ejército y que los soldados simplemente saludaban como acostumbran saludar en las carreteras, con el pulgar en alto, pues es justamente porque no tenían conocimiento que se estaba produciendo ese hecho”.

Por su parte, el General Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, aseguró que “en este caso no estábamos haciendo nosotros retenes militares para cuando se presenta este evento”.

De igual forma, expresó que cuando se presentaron los secuestros, el Ejército no estaba reteniendo vehículos para revisarlos. “Los retenes militares incluyen, en ocasiones, al CTI, a la Fiscalía, a la Policía como tal, porque nosotros no tenemos funciones de policía judicial. Para este caso correspondía retenes de presencia militar y presencia en garantía de los activos estratégicos, lo que indica que no reteníamos o no hacíamos que parara ningún vehículo”.

Ante las acusaciones de la Fiscalía, la procuradora General, Margarita Cabello, ya designó a la delegada para la Fuerza Pública la investigación correspondiente y le ordenó a la delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales constituir una agencia especial para intervenir en el proceso penal por los hechos.

Según el fiscal, el responsable de los secuestros sería alias ‘Gonzalito’, máximo cabecilla del Clan del Golfo luego de la captura de Otoniel, y quien estaría en la lista de integrantes de grupos armados a los cuales el Gobierno nacional solicitó la suspención de sus órdenes de captura.

“Después de escuchar a las víctimas se logró evidenciar que uno de los secuestradores fue José Gonzalo Sánchez Sánchez alias Gonzalito, máximo cabecilla del Clan del Golfo, en esta zona y quien tiene orden de extradición vigente y hace parte de la lista con 16 nombres que pidió el Gobierno levantar las órdenes de captura, a esta petición no accedió la Fiscalía”, dijo Barbosa. Con Infobae