María José Pizarro respondió a quienes piden investigarla por el caso de la Ungrd

El politólogo Nicolás Gómez Arenas, hijo del ex candidato presidencial Enrique Gómez, pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar a la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).

”Es con hechos. Hemos solicitado a la Procuraduría que investigue a la Senadora María José Pizarro en el marco del escándalo de la Ungrd”, escribió Gómez Arenas en su publicación de X.

Algunos días después, el 20 de mayo, la senadora del Pacto Histórico se pronunció con respecto a dicha solicitud y no solo dijo que era bienvenida cualquier investigación, sino que comentó “lo que buscan es ganar réditos políticos”.

Mediante un auto adjunto al mensaje, en el cual se muestra la recepción de la queja ante el Ministerio Público, el accionante busca que se investigue si la senadora María José Pizarro tiene alguna responsabilidad en este caso.

“El país merece saber si ella, como vicepresidente del Senado, sabía o no sobre los presuntos dineros oscuros que estaban comprando conciencias de Senadores para aprobar las reformas (Sic)”, sostuvo Gómez Arenas.

Frente a esta ante la Procuraduría, la senadora María José Pizarro afirmó que no permitirá que se mancille su nombre y enfatizó que cualquier denuncia en su contra debe estar respaldada por pruebas, de lo contrario, se estaría cometiendo un delito. Recordó que el Código Penal tipifica conductas como la falsa denuncia, la falsa denuncia contra particular y la calumnia. Además, advirtió que tomará las medidas legales correspondientes si es necesario.

En su mensaje también mencionó en su publicación que “soy una mujer de principios incorruptibles, lo que buscan es ganar réditos políticos estableciendo asociaciones sin sentido en el caso de corrupción de los carrotanques. Bienvenida cualquier investigación, tengo la tranquilidad de actuar siempre con coherencia y transparencia. Luchamos y seguiremos luchando contra la corrupción, la guerra y las desigualdades”.

De igual manera Pizarro compartió una imagen en la que se mostraba los artículos 435 y 436 del código penal de Colombia.

Respecto a estos, el artículo 435 del Código Penal de Colombia tipifica el delito de falsa denuncia contra persona determinada, estableciendo pena de prisión para quien acuse falsamente a otra persona de haber cometido un delito ante una autoridad competente. Por su parte, el artículo 436 regula la calumnia, sancionando a quien impute falsamente a otro un hecho punible, afectando así su honor y buen nombre. Ambos artículos buscan proteger la reputación de las personas y el correcto funcionamiento de la justicia.

Por otro lado, luego de las recientes denuncias sobre el presunto desvío de recursos de contratos para alquilar carrotanques en La Guajira, un caso que preocupa al Gobierno Petro, María José Pizarro declaró que estas acusaciones representan un “grave atentado contra los colombianos y nuestro proyecto político progresista y de cambio”.

La congresista solicitó que se adelanten las investigaciones correspondientes para que los implicados respondan por su responsabilidad en actos de corrupción. “Sin titubeos, somos los primeros en pedir celeridad, diligencia y las sanciones para los implicados, que, desde ya, deben abandonar el Gobierno”, afirmó.

Y añadió lo siguiente: “Estos gravísimos hechos no son excusa para paralizar el trámite de las reformas en el Congreso, que tienen asiento en problemas estructurales que afectan al pueblo colombiano y buscan justicia en nuestra sociedad”.

En su momento Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, afirmó que el presidente del Senado, Iván Name, habría recibido $3.000 millones relacionados con el contrato para abastecer de agua a La Guajira, a cambio de apoyar el trámite de reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

Este flujo de dinero destinado al Congreso se habría entregado antes de las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. Además, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, habría recibido $1.000 millones directamente en su residencia en Montería, Córdoba. Con Infobae