La ONU respondió a declaraciones de Armando Benedetti por protestas en Bogotá
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación por los pronunciamientos públicos de algunas autoridades estatales y figuras políticas que, según el organismo, han contribuido a la estigmatización de las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica.
El pronunciamiento se produjo tras las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien vinculó algunas manifestaciones sociales con supuestas estructuras criminales, generando una fuerte reacción de rechazo por parte de la Defensoría del Pueblo y de distintos sectores sociales.
“La protesta pacífica es un derecho humano fundamental, y el Estado colombiano tiene la obligación de proteger la vida, la integridad y las libertades de reunión y expresión de quienes participan en ella”, señaló la ONU a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.
El organismo enfatizó que ha observado con preocupación discursos y actuaciones recientes que “no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos”, especialmente en lo que respecta a la protección y el tratamiento de las movilizaciones ciudadanas.
¿Indirecta a Benedetti?
El debate sobre la legitimidad de la protesta social en Colombia se reavivó luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionara a las manifestaciones del 15 de octubre convocadas por el Congreso de los Pueblos, afirmando que detrás de varias de estas movilizaciones se esconden “estructuras criminales que buscan desestabilizar al Gobierno”.
Estas declaraciones fueron calificadas como “estigmatizantes” por la Defensoría del Pueblo, que exigió una retractación pública y recordó que “no es obvio que haya estructuras criminales detrás de las protestas”. El ente defensor subrayó que la protesta es un derecho constitucional y que el propio Gobierno debe ser el principal garante de su ejercicio.
En respuesta, Benedetti defendió su posición y afirmó que su intención no es criminalizar la protesta, sino advertir sobre acciones que, en su criterio, exceden el marco de la manifestación pacífica.
“Lo único que no es obvio es que no quieran dialogar las organizaciones sociales con el Gobierno del diálogo”, señaló el ministro, refiriéndose a la ocupación de varios edificios públicos durante las recientes movilizaciones. Según Benedetti, estos hechos generaron pánico entre los trabajadores y afectaron el funcionamiento de entidades del Estado.
La ONU, sin embargo, fue enfática en recordar que la protesta pacífica no puede considerarse violenta únicamente por interrumpir el tránsito o alterar la cotidianidad.
En este sentido, citó la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, documento que establece que los cuerpos de seguridad deben tener como principal objetivo “facilitar las reuniones pacíficas”, y que la disolución de una protesta solo puede justificarse cuando exista una perturbación grave y sostenida del orden público.
“El derecho de reunión protege incluso formas de desobediencia civil o acción directa no violenta”, recordó la Oficina de Derechos Humanos. Además, instó al Estado colombiano a garantizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, cuyo papel —añadió— es fundamental para la promoción de la paz y la justicia social.
En esta línea, reiteró la importancia de aplicar la Directiva 07 de 2023, que busca fortalecer la protección de quienes participan en movilizaciones sociales y actividades de liderazgo comunitario.
La organización internacional también se refirió al contexto electoral, advirtiendo que los discursos estigmatizantes pueden agravar la polarización y aumentar los riesgos de violencia política.
Recordó que la Defensoría del Pueblo lidera, con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Iglesia Católica, un compromiso nacional para garantizar un proceso electoral libre de violencia.
Este acuerdo hace un llamado a precandidatos y figuras públicas a emplear un lenguaje responsable, que respete los derechos humanos y promueva la convivencia pacífica.
Por su parte, los movimientos sociales también reaccionaron con fuerza a las palabras del ministro Benedetti. El Congreso de los Pueblos, que agrupa a comunidades campesinas, indígenas y urbanas, rechazó las afirmaciones del jefe de la cartera del Interior y anunció que mantendrá las movilizaciones “de manera indefinida” hasta que el Gobierno abra un diálogo real y adopte medidas concretas frente a sus demandas.
En medio de la polémica, la ONU reiteró su llamado a que el Estado colombiano garantice la libertad de expresión y de reunión, pilares fundamentales de una sociedad democrática.
“Las fuerzas de seguridad deben actuar conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Su papel no es reprimir, sino proteger”, recalcó el organismo, que ha acompañado de cerca los procesos de movilización social en el país desde las protestas de 2021. Con Infobae