La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto estará recluida en la cárcel de Valledupar
Una tutela interpuesta por el abogado de la defensa de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayed Pinto Pérez permitió que la exmandataria fuera trasladada desde Bogotá hasta la Cárcel Judicial de Valledupar, tal como fue ordenado por el juez de control de garantías de la capital del país.
Sin embargo, el traslado no se había efectuado porque, al parecer, la Fiscalía había solicitado al Inpec no lo hiciera.
De acuerdo con el Diario del Norte, la tutela exponía que se debía cumplir con lo ordenado por el juez de control de garantías garantizando de esta manera el arraigo familiar de la también exalcaldesa del municipio de Albania, el cual podría ser Valledupar, Barranquilla o Cartagena.
Cabe señalar que Oneida Pinto se encuentra privada de la libertad desde el pasado mes de junio cuando se entregó ante la Fiscalía con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Pues en su contra pesaba una orden de captura desde junio de 2019, cuando se adelantaban audiencias preliminares en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, y de manera inesperada no se presentó más.
La investigación en su contra está relacionada con presuntas irregularidades en contratos de obras para los años 2010-2011 en el municipio de Albania. Presuntamente creó la fundación Princesa Negra, para realizar la auditoría al contrato de adoquinamiento de vías en ese municipio por más de $12.000 millones.
La investigación concluyó que posiblemente existió un detrimento de $5.981.965.192, cuyo monto habría sido usado con fines políticos por lo que ahora deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
“En las indagaciones se evidenció que la selección del contratista era amañada y que lo buscado era apalancar la campaña electoral de la señora Pinto a la alcaldía de Albania, mediante la supuesta contratación de cerca de 2.000 personas, que se encargarían de las obras, y quienes habrían recibido pagos sin haber laborado. Al parecer, los supuestos trabajadores ingresaban al programa a consecuencia de su simpatía política”, dijo la Fiscalía.