JEP revisó medidas cautelares sobre cementerio San Martín de Aguachica

La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, realizó la audiencia pública de seguimiento a medidas cautelares sobre el cementerio San Martín de Aguachica, conocido como el cementerio de los pobres, sobre el cual la JEP tiene unas acciones especiales.

En la diligencia de seguimiento se verificó si la Mesa Técnica actualizó los estándares mínimos para la búsqueda, recuperación, identificación, entrega digna y disposición de los cuerpos.

Varias entidades del Estado y organizaciones civiles participan en esta diligencia, como la Fiscalía, Medicina Legal, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, el Equipo Colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia Psicosocial y Equitas.

“Hoy tenemos mucho que mostrar al trabajo con las víctimas, pero no es suficiente. Esta audiencia es una reflexión que nos deje llevar a soluciones claves”, dijo el presidente de la Sección de Primera Instancia, Gustavo Salazar.

La primera en intervenir fue Adriana Arboleda, del Movice quien recalcó que era importante el ejercicio de la Fiscalía al identificar y recuperar los cuerpos, pero tienen dos cuellos de botella: no hay dónde disponer los cuerpos y Medicina Legal no tiene dónde recibirlos.

“En esta mesa técnica y en otros escenarios hemos entablado hacer enfoque restaurativo. Es necesario involucrar otras entidades, administradores locales y al Centro Nacional de Memoria histórica”, expresó Adriana Arboleda.

Además, sostuvo que los estándares “actuarán no como un máximo, sino como un mínimo de los procesos que se debían adelantar. Se tuvieron ajustes al documento de redacción y de fondo donde se proponían metodologías que podían ser articuladas en las diferentes instituciones.

Carlos Murillo, subdirector de Servicios Forenses de Medicina Legal, explicó que la actualización de los estándares tiene como uno de sus énfasis fortalecer la participación de las víctimas.

“En términos generales, de los siete capítulos que tenían los estándares llegó a tener seis capítulos. Se decidió cambiar el nombre, como: ‘Estándares para la búsqueda de personas desaparecidas’”, indicó el funcionario.

Entre tanto, Carlos Marín, en representación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, también resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional para la recuperación e identificación de cuerpos y enfatizó que los equipos territoriales de la Unidad de Búsqueda cumplirán con los estándares.

El presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, magistrado Gustavo Salazar, indicó que la JEP le ha pedido apoyo a instituciones con amplia trayectoria internacional en la búsqueda de personas para que haya más efectividad.

“Hay un consenso que no es absoluto. Como esos consensos absolutos no se logran, la idea es adoptar normas y la magistratura tomará decisión de lo que se tiene que hacer. Es un escenario imperfecto, un proceso que es ajustable, pero hay que tomar decisiones”, concluyó Salazar.

Jairo Acosta, delegado de la Procuraduría General de la Nación, hizo preguntas a representantes de varias instituciones e hizo algunas consideraciones para mejorar los procesos de búsqueda de personas.

Finalmente, ante el recurso de reposición presentado por la Fiscalía, afirmando que no le fue enviada de manera oficial la actualización de los estándares para la búsqueda de personas, la JEP decidió darle un plazo de cinco días para que presente por escrito sus observaciones.
El colectivo Fals Borda y el Movice también tienen cinco días hábiles para que envíen sus observaciones. “Esto con la finalidad de recoger en un solo documento todas las observaciones planteadas por las diferentes entidades”, informó el magistrado Raúl Sánchez.