JEP imputa cargos a 11 miembros de la fuerza pública y a un civil por ‘falsos positivos’
El tribunal de Paz explicó que los hechos se dieron entre 2007 y 2008 en Norte de Santander de manera “consciente”.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos a 11 miembros del Ejército Nacional, de la Fuerza Pública y a un civil por el caso 03 conocido como ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.
La Sala hizo la imputación de crimenes de guerra a un Brigadier General, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, a un cabo, y a un tercero civil en el subcaso de Norte de Santander y el Catatumbo entre enero de 2007 y agosto de 2008 que dejó al menos 120 víctimas mortales. Las personas son:
Brigadier general Paulino Coronado Gámez, comandante de la Brigada 30
Coronel Santiago Herrera Fajardo, antiguo comandante de la Brigada Móvil 15
Coronel Ruben Darío Castro, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15
Teniente Coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña
Teniente Coronel Gabriel de Jesús Rico Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN
Mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del batallon de Infantería Francisco de Paula Santander
También contra antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA):
Capitán Daladier Rivera Jácome
Sargento segundo Rafael Urbano Muñoz
Sargento Segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, jefe de la sección de inteligencia del BISAN
Cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15
Al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares. En este caso el civil fue imputado como coautor por desaparición forzada y asesinato.
“Estas personas son acusados penalmente del crimen de guerra por homicidio en persona protegida conforme al código penal colombiano. Actuaron siendo conscientes de que era un crimen y también existen bases para determinar que son responsables de crímenes de lesa humanidad”, señaló la magistrada Catalina Díaz.
La JEP determinó que la mayoría de las 120 víctimas fueron hombres menores de 25 años, agricultores, comerciantes y transportadores. Además señaló que algunos fueron sacados con engaños de sus territorios, incluso desde Soacha (Cundinamarca), para que llegaran al Catatumbo, donde finalmente se cometieron los homicidios.
Uno de los puntos que más resaltaron las magistradas y el presidente de la JEP, Francisco Cifuentes, es que esto se apoyó en la estigmatización de la población civil quienes fueron señalados muchas veces como guerrilleros, incluso. Con Infobae