JEP imputa a nueve exjefes de las FARC por tomas guerrilleras en Tolima, Huila y Quindío
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves a nueve antiguos integrantes del extinto Comando Conjunto Central de las FARC, por su presunta responsabilidad en múltiples tomas guerrilleras y crímenes de guerra cometidos en los departamentos de Tolima, Huila y Quindío. Esta trascendental decisión judicial tiene como principal propósito establecer las responsabilidades individuales y garantizar el derecho a la verdad de cientos de víctimas que padecieron la crudeza del conflicto armado en el centro y occidente del país.
Entre los procesados por la jurisdicción transicional destaca la presencia de altos exmandos de la antigua guerrilla, incluyendo a Pablo Catatumbo. De acuerdo con las extensas investigaciones del tribunal, a estos nueve comparecientes se les atribuye la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. El pliego de cargos abarca el supuesto asesinato de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, así como presuntos casos de desapariciones forzadas, tortura, persecución y el desplazamiento forzoso de poblaciones vulnerables.
El profundo expediente documentado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP abarca una de las etapas más críticas y dolorosas del conflicto armado interno. A través de este macrocaso, la justicia transicional logró investigar a fondo 94 incursiones armadas que fueron perpetradas por dicho comando entre los años 1991 y 2016. Estas violentas tomas dejaron un impacto social y demográfico devastador, especialmente en las zonas rurales, al punto de que el 54 % de las víctimas acreditadas formalmente ante la entidad son campesinos que sufrieron el despojo y la violencia directa en sus propios territorios.
La rigurosa indagación sacó a la luz episodios particularmente crueles y sistemáticos que, debido a su extrema gravedad, no son susceptibles de recibir ningún tipo de amnistía o perdón judicial. Uno de los hechos más desgarradores endilgados a los supuestos responsables fue la masacre de cinco jóvenes en 1995 en Anzoátegui, Tolima; las víctimas, que regresaban de un paseo, habrían sido torturadas y asesinadas por miembros del Frente 21 al ser confundidas con militares por su corte de cabello. Asimismo, se investiga el presunto asesinato de 13 policías que se encontraban en estado de indefensión tras haberse rendido, un ataque que además derivó en la destrucción de múltiples viviendas, locales comerciales y el desplazamiento de al menos 779 ciudadanos.
A partir de la notificación oficial de esta histórica decisión, los nueve exintegrantes señalados por la magistratura contarán con un plazo estricto de 20 días hábiles para emitir un pronunciamiento formal. Durante esta crucial fase procesal, los imputados deberán manifestar si aceptan o no su responsabilidad en los delitos internacionales que se les acusa. Las respuestas y el nivel de aporte a la verdad plena que brinden determinarán la ruta judicial a seguir y definirán las posibles sanciones restaurativas destinadas a reparar el tejido social de las comunidades afectadas. Con RSF