Human Rights presenta a la Corte Constitucional preocupaciones sobre la JEP
La organización Human Rights Watch (HRW) presentó a la Corte Constitucional un informe donde muestra sus preocupaciones y argumentos desde el «derecho internacional» sobre el Acto Legislativo 1 de 2017, que estableció la Justicia Especial de Paz (JEP) tras la firma del acuerdo con las Farc.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo que aunque el organismo «aplaude el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc», tiene «graves preocupaciones por los defectos en materia de justicia incluidos en el acuerdo».
Según HRW, a pesar de que pidió que las autoridades abordaran estos defectos en la legislación de implementación del acuerdo firmado en noviembre del año pasado, subsisten en el Acto Legislativo 1 de 2017 dos problemas fundamentales:
- Una disposición excesivamente amplia sobre la participación política para miembros de las Farc.
- Una definición injustificadamente rígida de responsabilidad de mando para miembros de las Fuerzas Armadas que podría impedir que altos mandos de la fuerza pública rindan cuentas por los crímenes cometidos por sus subalternos.
«Si bien coincidimos con el Gobierno colombiano sobre que uno de los propósitos fundamentales del proceso de paz es permitir que las Farc promuevan sus objetivos políticos en un marco democrático, dicha participación en la política podría limitar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz», aclaró el organismo.
Para evitar lo anterior, Human Rights Watch solicitó a la Corte Constitucional determinar que «la participación política de los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos se encuentra sujeta al cumplimiento pleno e incondicional de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz».