Gobierno De la Espriella reafirmó su compromiso con implementación del Acuerdo de Paz

Gobierno del presidente De la Espriella reafirmó su compromiso con implementación del Acuerdo de Paz pero pidió modificar mecanismo de verificación
Ariel Cabrera Publicado el martes octubre 13, 2026

–En su primera intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller colombiano, Omar Bula, reafirmó el compromiso del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella con la implementación del Acuerdo de Paz, pero planteó la necesidad de revisar los mecanismos institucionales para adaptarlos a las condiciones actuales del país.

«Lo que se propone no es modificar la obligación sustantiva del Estado ni el apoyo de nuestros socios, sino el mecanismo extraordinario de verificación», explicó el canciller, quien reconoció que cualquier modificación del mandato deberá ser decidida por el Consejo de Seguridad.

El funcionario propuso concentrar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad, mientras que el seguimiento de la reforma rural integral pasaría a las instituciones nacionales. Bula aseguró que el país cuenta con los instrumentos necesarios para continuar las políticas de acceso a la tierra y desarrollo rural, con el acompañamiento de la cooperación internacional.

En su primera intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, durante la presentación del informe trimestral de la Misión de la Verificación de la ONU, el canciller Omar Bula afirmó: “El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella fue elegido con la votación más alta en la historia de Colombia, en medio de un descontento generalizado y verificable frente a una paz que, para las personas trabajadoras y honestas, nunca existió”.

Ante este escenario, expuso la visión del presidente de la República: construir una paz que permita a las familias vivir sin miedo, a los campesinos trabajar sus tierras en libertad y a los niños estudiar sin el riesgo de ser reclutados. Recuperar el control territorial, fortalecer la autoridad legítima del Estado y combatir las economías ilícitas son las prioridades del Gobierno para alcanzar esa paz y proteger la vida, la libertad y el bienestar de los colombianos.

El canciller reafirmó el compromiso con la implementación del Acuerdo Final, dentro del marco de la Constitución y la ley, y presentó al Consejo una propuesta para focalizar el mandato de la Misión en la reincorporación y las garantías de seguridad, manteniendo las responsabilidades del Estado en el desarrollo rural y el acompañamiento de la cooperación internacional.

Por su parte, el representante especial del Secretario General de la ONU para Colombia, Miroslav Jen?a, destacó este ante el Consejo de Seguridad la importancia de garantizar la continuidad y la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, en un momento en que el país enfrenta una creciente inseguridad.

Jen?a reconoció la intención expresada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella de cumplir las obligaciones constitucionales y legales del Acuerdo, pero subrayó la necesidad de traducir ese compromiso en medidas concretas.

En particular, destacó la importancia de establecer planes que garanticen una financiación adecuada para los programas e instituciones de paz, asignar responsabilidades claras de liderazgo y coordinación dentro del Gobierno y reactivar las comisiones previstas en el Acuerdo. Estas medidas, explicó, permitirían responder a las preocupaciones de distintos sectores sobre la continuidad del proceso.

«Esperamos que se definan con mayor claridad sus políticas y estamos dispuestos a apoyar al Gobierno en este sentido, poniendo a su disposición la experiencia acumulada por la Misión durante casi una década de acompañamiento a la implementación», afirmó.

El representante especial recordó que el Acuerdo ha contribuido a poner fin a la insurgencia más prolongada del conflicto colombiano, impulsar el desarrollo de las zonas rurales y establecer mecanismos de justicia transicional y reparación a las víctimas. Sin embargo, reconoció que su implementación sigue arrastrando importantes deficiencias.

En este contexto, insistió en que las políticas de seguridad y la aplicación del Acuerdo deben avanzar de manera complementaria, particularmente en las regiones donde persisten la violencia, las economías ilegales y la escasa presencia del Estado.

«Una lección se ha mantenido constante durante todo este tiempo: la paz sostenible requiere seguridad, y la seguridad requiere una presencia efectiva y duradera de las instituciones del Estado», afirmó.

Jen?a informó que las comunidades de las regiones afectadas por el conflicto siguen expuestas a la presencia de múltiples actores armados, las economías ilegales, el aislamiento geográfico y las dificultades para acceder a servicios públicos.

El reclutamiento de niños y niñas, especialmente entre las comunidades étnicas, y las amenazas y agresiones contra las mujeres siguen siendo motivos de especial preocupación.

Según cifras presentadas recientemente por el nuevo Gobierno ante el Congreso, los grupos armados ilegales pasaron de unos 15.000 integrantes en 2022 a aproximadamente 28.000, mientras que el Clan del Golfo creció de unos 4000 miembros a más de 10.000.

El representante especial también condenó los asesinatos de los líderes sociales María Ovidia Palechor y James Flor, ocurridos el 1 de septiembre en el departamento del Cauca.

«Sus muertes son un recordatorio aleccionador de los riesgos que siguen enfrentando quienes dedican sus vidas a servir a sus comunidades, defender los derechos de las víctimas y promover la convivencia pacífica», afirmó.

Frente a este panorama, sostuvo que ampliar las oportunidades económicas, mejorar los servicios públicos y fortalecer las instituciones locales resulta fundamental para reducir la violencia. Estos objetivos, señaló, forman parte de las disposiciones sobre reforma rural del propio Acuerdo de Paz.

Pese a las dificultades, Jen?a destacó que la reincorporación de los antiguos integrantes de las FARC-EP a la vida civil continúa siendo uno de los logros más importantes del proceso de paz.

Más de 11.000 excombatientes mantienen su compromiso con la reincorporación y han desarrollado, con apoyo estatal e internacional, aproximadamente 6000 proyectos productivos y 300 cooperativas en sectores como la agricultura, el turismo, el comercio y la producción textil.

Entre las experiencias recientes destacó una iniciativa turística que reúne a unos 400 excombatientes y víctimas en seis departamentos, con el objetivo de promover el desarrollo económico a través de la naturaleza, la memoria histórica y la reconciliación. También mencionó un proyecto de comercialización de café que, desde 2018, vincula a unos 1300 excombatientes en nueve departamentos.

«Estas experiencias demuestran que, cuando los excombatientes tienen acceso a oportunidades económicas sostenibles y a los mercados, la reincorporación se convierte en una inversión estratégica en el desarrollo local, la cohesión social y la paz duradera», afirmó.

Sin embargo, la sostenibilidad económica de estas iniciativas sigue siendo un desafío y la inseguridad amenaza los avances conseguidos.

La inseguridad también amenaza la reincorporación de los excombatientes. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 501 han sido asesinados, el más reciente el 22 de septiembre en el departamento del Cesar. Jen?a pidió reforzar su protección y sus oportunidades económicas para evitar que vuelvan a ser reclutados por grupos armados.

El representante especial reafirmó la disposición de la Misión de Verificación a seguir acompañando la implementación del Acuerdo, en estrecha colaboración con el Gobierno, las comunidades, los excombatientes y las organizaciones de la sociedad civil.

Destacó especialmente el valor de la presencia territorial de la Misión, que durante casi una década ha establecido relaciones de confianza con las comunidades y las autoridades locales en algunas de las regiones más afectadas por el conflicto.

Jen?a recordó que la ONU ha acompañado los esfuerzos de paz de Colombia durante sucesivos gobiernos, siempre con pleno respeto por la soberanía del país y el principio de apropiación nacional.

Añadió que Colombia ha iniciado «un nuevo capítulo político, con amplios desafíos por delante y la necesidad de mantener el compromiso internacional para superar los obstáculos pendientes, profundizar los avances alcanzados y construir un futuro más pacífico y seguro para todos los colombianos».

«La oportunidad está ahí para aprovechar los instrumentos del Acuerdo y la presencia de la Misión en las regiones afectadas por el conflicto para contribuir sustancialmente a estos objetivos», concluyó. Con RSF