Gobierno pedirá perdón a los wiwa por la masacre de El Limón en La Guajira

El próximo 19 de julio se cumplirá en La Guajira el acto de perdón por parte del gobierno nacional a las familias de las víctimas de la masacre que se registró en el 2002 en la comuniad wiwa del El Limón, ubicada en área rural del distrito de Riohacha.

Este perdón público se dará por orden judicial emitida por el Tribunal Administratrivo de La Guajira y se llevará a cabo en el corregimiento de Caracolí Sabanas de Manaure, en el municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira, según explicó Eugenio De Jesús Quinto Loperena, famiilar de varias de las víctimas de este hecho.

Las muertes ocurrieron entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre del 2002, cuando al menos 200 paramilitares del Bloque Norte de las AUC llegaron hasta la vereda El limón y asesinaron a 16 de sus habitantes, en su mayoría de la etnia wiwa. También lanzaron cilindros y rockets e incendiaron 15 viviendas.

“En los hechos fue vilmente asesinada mi Abuela de 84 años Rosalía Loperena y mi tío materno de 48 años  Jaime Elías Mendoza Loperena, también está desaparecido Luis Antonio Mendoza Montaño de 88 años”, explicó Eugenio.

Agrega que una fiscal especializada de derechos humanos de Barranquilla ordenó la detención de dos exmiembros de este bloque, que no pertenecieron al programa de Justicia y Paz, pero que ayudaron a esclarecer lo que sucedió.

Según explicó Eugenio, la familia deposito toda su confianza en el colectivo de abogados “José Alvear Restrepo Cajar, para lograr una reparación integral por los homicidios, el desplazamiento y la ocupación de lugares sagrados, en un proceso contra la nación, el ministerio del Interior y el de Justicia.

El Juzgado Primero Administrativo de Riohacha negó estas pretensiones en primera instancia, pero el 29 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de La Guajira les dio al razón y ordenó al estado pedir perdón públicamente.

“Para el Tribunal, era claro que la fuerza pública tenía posibilidades de intervenir en el desarrollo de los hechos ya que contaba con conocimiento previo de los actos de violencia que serían perpetrados por los paramilitares a partir de las denuncias y advertencias que la comunidad y la Defensoría del Pueblo habían realizado por medio del Sistema de Alertas Tempranas –SAT- durante el año 2002”, indica Eugenio. Sandra Guerrero/EH. Foto EH