Gobierno denunciará penalmente nóminas paralelas en la Presidencia de la República
El pasado 10 de agosto, el presidente Gustavo Petro ordenó desmantelar las nóminas paralelas en el gobierno central. Este jueves el director del Dapre, Mauricio Lizcano, reveló los retos y avances que plantea el Gobierno nacional sobre esta decisión.
Cabe recordar que el presidente Petro señaló de manera contundente a través de su cuenta de Twitter que había dado la orden de desmantelar las nóminas paralelas en su gobierno central y pidió adicionalmente austeridad de gastos suntuarios a todos sus ministros. “He dado la orden en Consejo de ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo”, escribió.
La mano derecha del mandatario de los colombianos que proximamente cumplirá un mes en el poder indicó en una entrevista con Red+ Noticias, que “ya el Presidente dio una orden y estamos construyendo esta directiva presidencial que tiee una reducción muy grande de nóminas paralelas”, señaló Lizcano y agregó que en casi todo el Estado había presencia de este tipo de contratos.
Lizcano anticipó que en la mañana de este sábado presentaría ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia formal del actual Gobierno en contra de las nóminas paralelas. “Están en casi todo el Estado … pero hay que explicarlo bien porque no todo el que tenga un contrato de prestación de servicios es una nómina paralela … lo que sí estamos planteando es que una persona no pueda tener más de dos de estos contratos con el Estado”.
Cabe recordar que las nóminas paralelas son contratos de prestación de servicios que se celebran con las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Guardando concordancia con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política en cuanto autoriza que los particulares temporalmente desempeñen funciones públicas.
Ahora bien, el contrato de prestación de servicios es una de las formas excepcionales y temporales a través de la cual los particulares pueden desempeñar funciones públicas, y su fin es satisfacer necesidades especiales de la administración que no pueden estar previstas en la planta de personal.
Sin embargo, el problema con estas viene cuando, según Lizcano, “una misma persona tiene hasta 30 contratos por prestación de servicios con el Estado, eso lo vamos a controlar”. Ya anteriormente Lizcano había señalado a los medios de comunicación que “lo que vamos a eliminar es a contratistas que no están haciendo nada, personas que tienen 10, 20 y 30 contratos con el Estado; la burocracia”.
Por otro lado, el funcionario del primer gobierno de izquierda en Colombia señaló que “nosotros no vamos a gobernar con espejo retrovisor. Creemos que no se necesitan tantas altas consejerías. Solo las reducciones que hemos tomado le van a ahorrar este año al Estado $ 33 mil millones” y reconoció que se encontraron con “una Presidencia, administrativamente hablando, muy robusta y con altos costos. Encontramos 12 altas consejerías y una alta cantidad de cargos”.
Las diferentes opiniones sobre esta decisión se debe a que muchas personas dependen de este tipo de contratos para tener estabilidad laboral, pero su función ha sido utilizado para que una persona reciba más sueldos y no realice realmente esas funciones. En diálogo con La FM, el analista Orlando Jácome respondió a estas dudas y señaló que “cuando un funcionario público se refiere a nóminas paralelas está hablando de corrupción, de empleos de nóminas que se generan en entidades estatales que realmente no cumplen ninguna función”. Con Infobae