Fiscal expone redes de compra de votos en todo el país
Como resultado de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía para garantizar la transparencia e integridad de las recientes elecciones al Congreso de la República, se encontraron serias irregularidades en distintas regiones del país.
“Se trata de una forma de dominación inaceptable en pleno siglo XXI” afirma el Fiscal General.
Entre los capturados se encuentran funcionarios de diferente nivel y se logró la identificación de más de dos mil (2.000) intermediarios que habrían favorecido a candidatos al Congreso.
En la “Operación Casa Blanca” se descubrió una red de compra de votos para favorecer a la candidata Aida Merlano, en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico.
Gracias al trabajo de más de 50 investigadores de la Fiscalía y de más de 2.112 horas de video y audios recaudados, se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas.
Las evidencias recaudadas mostrarían que dicha organización operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó a fondo en el 2018, para los comicios al Congreso de la República.
Audios obtenidos en el proceso dan cuenta que sus gestores manifestaban que para la próxima campaña irían a estar mejor porque iban a trabajar con un nuevo “sistema”.
La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos.
Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas.
Para las elecciones de Congreso en el 2018, esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente atendió a la senadora electa Aída Merlano.
Las pruebas muestran que Casa Blanca también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás (número 107 en el tarjetón de su partido para la Cámara de Representantes por el Atlántico), quien no fue elegida.
La organización delictiva, organizada como “Personal de trabajo para el debate”, tenía roles diferenciados, así:
– Administradores: encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros.
– Punteadores: encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras.
-Pagadores: encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes.
-Coordinadores: entregaban contraseñas en casas de apoyo.
-Didactas: encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales.
Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella.
Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta.
Para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, allí llegaban los votantes a presentarse.
A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores.
Según las entrevistas practicadas y los videos en poder de la Fiscalía, los electores correspondían, por lo general, a personas de bajos recursos y poca escolaridad.
También se reclutaba adultos mayores quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado.
La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular, así:
-Candidatos al Congreso:
Aida Merlano y Lilibeth Llinás
-Dirigentes políticos regionales:
Jorge Rangel, Diputado del departamento del Atlántico
Margarita Balén, Diputada del departamento del Atlántico
Juan Carlos Zamora, Concejal del distrito de Barranquilla
Aissar Castro Bravo, Concejal del distrito de Barranquilla
Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo
Vicente Támara, exConcejal del municipio de Soledad
-Líderes:
Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos., lo que constituye un delito nuevo.
La red contaba con al menos dos fuentes de financiación: una pública y una privada.
En la pública, habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la “Casa Blanca”.
En la privada, se identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, que fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal.
Uno de ellos, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante el mes de febrero de 2018 cobró veintiún (21) cheques que superaron los mil millones de pesos ($1.000’000.000). Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los quinientos millones de pesos ($500’000.000).
Dado el volumen de las sumas recaudadas, éstas eran depositadas en lugares estratégicos de Casa Blanca y hasta en la “bañera” de la edificación.
Debe tenerse en cuenta que el monto máximo para gastos de un candidato al Senado se fijó por la autoridad electoral en la suma de novecientos millones de pesos ($900´000.000).
Varios de los indiciados podrían haber incurrido en dos nuevos delitos tipificados por la Ley 1864 de 2017 estos son Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales (artículo 396 B del Código Penal) y Tráfico de votos (artículo 390 A del Código Penal).