En el Tránsito de Valledupar operó toda una empresa criminal
Conformación de una empresa criminal para cometer una serie de delitos como peculado, fraude procesal y falsedades con el fin de defraudar los dineros del Estado, fue lo que operó en el Transito de Valledupar según la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
La revelación fue hecha por el ente acusador, durante la audiencia de legalización de captura a las 10 personas que presuntamente integran el ‘cartel’ de la chatarrización realizada en el Palacio de Justicia. Entre los implicados se encuentra el concejal de Cambio Radical, Leonardo Mestre, quien se desempeñaba como jefe de archivo de la secretaría de Tránsito en el año 2015.
Durante las dos audiencias realizadas en el Palacio de Justicia, fueron legalizadas las capturaras de Leonardo Mestre, José Vicente Ustáriz, David Alberto Mauri Silva, Leida Rosa Castilla, Ana María Carranza Ditta, Luis Eduardo Retamozo, Omar Antonio López, Ingrid Hinojosa, Margarita Rosa Rodríguez, y Luz Mabel Jácome.
“Fue así como de común acuerdo falsificaron, hicieron traspasos, alteraron características de vehículos, ocultaron carpetas y expedientes de automotores, certificaron falsedades, engañaron a funcionarios públicos del Ministerio de Transporte, haciéndoles inducir en error para lograr su propósito criminal que era apropiarse de los dineros del Estado que estaban destinados en reconocimiento y pagos de las compensaciones de chastarrización por reposición”, dijo la fiscal seccional 11 Yesenia Mazeneth, durante la audiencia.
Dijo además que la investigación nace de denuncias recogidas por la Contralora Municipal de la época, Mercedes Vásquez de víctimas que contaron que entre los meses de junio y julio que se venían presentando irregularidades en el proceso de chatarrización de vehículos de servicio público de carga por parte de los funcionarios capturados.
“Leonardo Mestre, asesor jurídico, Ingrid Hinojosa Gutiérrez, excoordinadora del Runt, quien digitaba todos los datos de los vehículos matriculados en esa secretaria y expedía certificado de tradición y libertad histórico de dicho vehículo de conformidad a la solicitud de desintegración, así mismo se supo de otros funcionarios y un cúmulo de tramitadores con activa participación de José Vicente Ustariz, a quien presentaron como asesor jurídico de esa institución, sin tener ningún contrato”, conformaron una empresa criminal”, indicó la Fiscal.