Empleado de banco en Valledupar habría facilitado el hurto de $870 millones
Un empleado de un banco en Valledupar, habría utilizado su acceso privilegiado a los sistemas de la institución para facilitar la suplantación de 19 clientes y el hurto de más de 870 millones de pesos entre el 18 de abril al 9 de agosto de 2024.
Por ello, la investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización del trabajador y a otros dos hombres señalados de participar en el esquema. El funcionario, Claudio David Coronado Aragón, sería un insider, término usado para referirse a una persona que, por su vínculo laboral o contractual, tiene permisos para entrar y consultar las bases de datos de una organización y aprovecha esas facultades para auspiciar una conducta delictiva.
En este caso, presuntamente, dispuso de sus credenciales y las de otros empleados para registrar falsas novedades biométricas de los usuarios financieros en los sistemas de la entidad. En ese sentido, supuestamente alteró los datos de las víctimas, gestionó la reposición de sus tarjetas y otorgó avales para que fueran entregadas a personas distintas. Asimismo, estaría implicado en el cambio de las claves para permitir el desvío de dinero desde las cuentas afectadas hacia productos de terceros.
Los otros posibles implicados en las actividades ilícitas detectadas son Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez, quienes habrían recibido los recursos extraídos ilegalmente a los clientes, realizado retiros en cajeros automáticos de Valledupar, Bogotá y Cali, o compras en establecimientos de comercio.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos trasladó escrito de acusación en contra de los tres hombres por el delito de hurto por medios informáticos agravado, en los términos del procedimiento penal especial abreviado. Una juez de control de garantías de Becerril, impuso a Coronado Aragón medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, Cornelio Oyola y Guzmán Jiménez deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.