Eln niega responsabilidad en crímenes de líderes sociales y de derechos humanos
Los cabecillas del Eln que participan en los diálogos de paz de La Habana, salvaron la responsabilidad de la agrupación guerrillera en los asesinatos y amenazas de líderes sociales y de derechos humanos e instaron a la Fiscalía “a que deje de acusar al ELN sin pruebas y al Gobierno a que frene el exterminio de líderes”.
En el comunicado emitido desde la capital cubana, los integrantes de la Delegación de Diálogos del Eln “manifiesta su indignación por las nuevas acusaciones sin pruebas que hace la Fiscalía General de la Nación contra nosotros, en esta ocasión respecto al asesinato de líderes y lideresas sociales en el país”.
En el escrito, ante las acusaciones hechas el viernes 6 de julio por el director nacional de Fiscalías Seccionales y de Seguridad Ciudadana, Luis González León, hacen las siguientes precisiones:
“La Fiscalía confunde y contamina de forma intencional sin aportar información que sustente sus acusaciones contra nosotros. Las declaraciones del señor González León son, cuanto menos, irresponsables y suponen una cortina de humo para ocultar a los verdaderos responsables de estos asesinatos.
La Fiscalía ha mostrado su incapacidad para resolver las muertes y las amenazas contra líderes y lideresas. Mientras, como en el caso del asesinato de Ana María Cortés (coordinadora de campaña de Colombia Humana en Cáceres –Antioquia), sostiene junto al Ministerio de Defensa la estrategia de criminalizar a las víctimas.
El Estado sigue sin tomar acciones efectivas para proteger la vida de líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de Derechos Humanos. El incremento del exterminio a la oposición política y al liderazgo social es evidente, con 125 asesinatos entre el 1 de enero y el 6 de julio de 2018. Esto llevó a que la sociedad saliera a las calles ayer como nunca antes se había producido bajo el lema #NosEstánMatando ante la incapacidad del Estado para frenar esta situación.
El ELN ha insistido en todos los espacios de diálogo en los que participa, incluida la Mesa de negociación con el Gobierno, en la urgencia de tomar medidas efectivas para proteger la vida y otorgar garantías a líderes y opositores y en la necesidad de sacar a la población del conflicto.
Creemos que es inaceptable que un Estado con un pie de fuerza de medio millón de hombres sea incapaz de garantizar la seguridad básica de líderes, lideresas, defensores y defensoras.
Consideramos que la Fiscalía debe dejar de participar en la “guerra informativa” e instamos al Gobierno a que muestre su voluntad de frenar este exterminio porque esta ofensiva contra los liderazgos responde, evidentemente, a un ataque frontal contra los procesos de paz.