Rodrigo Tovar aceptó cargos por crímenes en el Cesar: Se acogió a sentencia anticipada
Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, excabecilla del bloque norte de las llamadas autodefensas unidas, AUC, aceptó su responsabilidad en la masacre de 145 personas, entre 1999 y 2005, en la ciudad de Valledupar y otros municipios del departamento de Cesar y se acogió a sentencia anticipada, confirmó la Fiscalía General de la Nación.
Ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el procesado reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. La actuación se enmarca en la estrategia institucional para la terminación anticipada de procesos regidos por la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
La Fiscalía informó que documentó 22 hechos acciones criminales ejecutadas por alias Jorge 40 y su banda paramilitar.
Entre los crímenes incluidos en la aceptación de cargos hay cinco homicidios colectivos: el ocurrido en el corregimiento La Meza, en Valledupar, el 11 de diciembre de 1999, que dejó cinco personas asesinadas; el perpetrado en el sector Los Tupes, en San Diego, el 30 de mayo de 2001, con seis víctimas; los ataques armados en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, el 13 de enero de 2001, que causaron nueve muertes; y las incursiones armadas en Lamas Verdes, en Curumaní, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005, en las que fueron asesinadas 20 personas.
De igual manera, están los homicidios de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad. Mediante un enfoque diferencial, la investigación opuso en evidencia graves afectaciones a estas comunidades, sus territorios, formas de vida y prácticas culturales y espirituales.
Las conductas atribuidas a Tovar Pupo corresponderían a un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra personas que se oponían a la presencia paramilitar en la región.
La destrucción de viviendas y bienes agravó las consecuencias para la población ajena al conflicto, debilitó su organización colectiva, medios de subsistencia y permanencia en determinadas zonas.
La aceptación de cargos será remitida a un juzgado especializado, que determinará la pena correspondiente, indicó la Fiscalía. Con RSF