El Ministro de Hacienda denunció a Ricardo Roa y a Nicolás Alcocer por presunta injerencia en El Urrá
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama Verónica Alcocer e hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, por presunta injerencia en decisiones relacionadas con la hidroeléctrica de Urrá S.A. ESP.
Según información de Blu Radio, la denuncia del jefe de la cartera de Hacienda se presentó el 28 de noviembre de 2024, luego de que Bonilla recibiera mensajes anónimos en WhatsApp sobre supuestas irregularidades en contratos de la hidroeléctrica.
La citada hidroeléctrica se encuentra ubicada cerca a los municipios de Tierralta y Valencia, Córdoba, y cuyo mayor accionista es el Estado.
Blu Radio informó que, el ministro Ricardo Bonilla amplió la denuncia presentada por una ciudadana el 27 de septiembre, sobre un posible conflicto de intereses y colusión en la contratación de Urrá S.A. ESP.
La denuncia de la ciudadana indica que funcionarios y contratistas externos como Juan David Diazgranados Garzón y William Tadeo Amín Burgos “habrían participado presuntamente en procesos licitatorios con pleno conocimiento interno y acceso privilegiado a la información técnica” lo que pudo haber “favoreció de manera indebida a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS”.
El punto crítico de la denuncia presentada por Ricardo Bonilla es la supuesta presión de Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la Junta Directiva de la hidroeléctrica, que tendría como propósito el presunto control de la compañía y favorecer a aliados cercanos en la adjudicación de contratos, especialmente en el Parque Solar Urra 19.9, proyecto que ha tenido un retraso de más de dos años.
Además, indica que la empresa Power China habría sido favorecida en diferentes contratos estatales, relacionados con el sector energético de Colombia. Por tal motivo, el denunciante explicó que esos supuestos favorecimientos deben ser investigados.
“Se informó acerca de presuntas presiones indebidas ejercidas por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la junta directiva y la administración de URRÁ S.A. ESP. Estas presiones, según el denunciante, estarían dirigidas a tomar control de la empresa para favorecer a aliados cercanos interesados en la adjudicación de contratos, entre los cuales se destaca el parque solar URRÁ 19,9, proyecto cuya construcción se encuentra a cargo del consorcio Lux Power 2022, del cual forma parte la empresa Luxim Ingeniería SAS, presuntamente dirigida por David Cerón y Lucía Muñoz”, precisa la denuncia revelada por Blu Radio.
En la acción legal se precisa que estas presiones han sido rechazadas por la administración de Urrá. Asimismo, se menciona una reclamación por parte del consorcio Lux Power 2022 por un monto de 60.000 millones de pesos.
El 2 de septiembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Empresa de Servicios Públicos Urrá S.A E.S.P por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos que superarían el billón de pesos.
La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que, según información que ha sido revelada por medios de comunicación, en la Hidroeléctrica de Urrá se habrían gestionado negocios con 10 empresas para la venta de energía a empresas comercializadoras sin criterio técnico de asignación.
En el mismo sentido, la entidad sostuvo que aparentemente las transacciones les permitían obtener altos márgenes que no estaban asociados con la extensión de los precios de venta, y en las que hubo condiciones simuladas de negociación para darle apariencia de legalidad.
El Ministerio Público señaló que dos de las compañías estarían radicadas en el municipio de Villapinzón, en Cundinamarca, que revisará los posibles vínculos de al menos tres de ellas con funcionarios del Alto gobierno y la supuesta intervención de algún congresista que ejercicio presiones ante la gerencia de comercialización de Urrá.
“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, puntualizó la Procuraduría. Con Infobae